Menores inmigrantes que fueron detenidos sin sus padres o tutores legales en las fronteras de EE.UU. estarían siendo deportados del país, negándoseles así el acceso a las protecciones que las leyes estadounidenses les otorgan, informa Los Angeles Times.
Alrededor de 1.850 menores inmigrantes permanecen detenidos en las fronteras del país norteamericano, a pesar de que cuentan con protecciones especiales, en el marco de acuerdos legales que estipulan que las autoridades deben mantener condiciones seguras y hacer esfuerzos "rápidos y continuos" para la liberación de menores y la reunificación de las familias.
Los abogados de la Administración de Donald Trump argumentaron en la corte que los niños se encuentran mejor protegidos de la nueva enfermedad bajo custodia. Sin embargo, según datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), desde que el presidente norteamericano declaró en marzo el estado de emergencia en el país, la población de niños y de familias detenidas se ha reducido en, aproximadamente, 2.400 personas.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), encargado de supervisar la detención de menores no acompañados, niega que se hayan producido cambios en la política de la entidad durante la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. "El HHS es una agencia de bienestar infantil, no una agencia de aplicación de la ley", indicó su portavoz, Mark Weber, asegurando, además, que si existe algún retraso en la reunificación familiar se debe a "razones de salud pública".
En todo el país, los abogados representantes de algunos menores inmigrantes aseguran que la Administración Trump se niega a entregar a los niños a familiares o patrocinadores, alegando que los funcionarios de la administración están considerando implementar políticas que podrían retrasar innecesariamente la reunión de los menores no acompañados al cuidado del HHS con sus patrocinadores.
"Estas preocupaciones aumentan con la epidemia actual de covid-19, que plantea riesgos significativos para todas las personas detenidas en entornos congregados", reza una carta presentada por varios legisladores, dirigida Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
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