La delegación del gobierno autonómico catalán en Estados Unidos, que el año pasado se reforzó con un nuevo enviado y tres contratados a dedo, ha mantenido en los pasados seis meses abundantes reuniones en Washington con el objetivo manifiesto de avanzar las relaciones bilaterales «entre EE.UU. y Cataluña» con influyentes diputados y senadores norteamericanos.

Según una relación obligatoria presentada por la delegación catalana el 28 de abril, que cubre los seis meses que van desde octubre a marzo, el nuevo representante catalán en EE.UU., Isidre Sala, se reunió en ese semestre con los gabinetes de los diputados Eliot Engels, Mario Díaz Balart, Jerry McNerney, Jim McGovern e Ilhan Omar, además de con empleados de los senadores Ben Cardin y Marco Rubio. La última reunión la tuvo en enero, antes de que en Washington se declarara la cuarentena por el coronavirus.

El 20 de noviembre, Sala logró colocar en su agenda una importante reunión. Cuando el entonces consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch, visitó Washington, ambos fueron recibidos por el diputado republicano Díaz Balart, que en el pasado ya ha manifestado sintonía con los independentistas catalanes y que de hecho se ha visto incluso con Quim Torra.

La delegación declara además en este espacio de seis meses unos «gastos relacionados con la actividad de representación» de 131.000 dólares, que equivalen a unos 120.000 euros. Los pagos declarados en el semestre anterior fueron de 378.000 dólares, 338.000 euros, con 8.500 euros dedicados a «entretenimiento», 2.000 euros a teléfono, 3.500 euros a comidas, 3.200 euros a viajes entre Nueva York y Washington y 9.300 euros en viajes a Bruselas y Barcelona.

En octubre de 2019, Sala se registró como delegado de Cataluña en EE.UU. y declaró un salario anual de 160.538 dólares, unos 144.200 euros. Aparte se le pagan los gastos de traslado y representación. La delegación en Washington nunca ha respondido a las peticiones de información, aclaraciones o entrevistas de ABC. Tampoco le convoca a sus ruedas de prensa o actos públicos.

Cualquier representante político extranjero en EE.UU. debe registrarse ante el departamento de Justicia si no cuenta con las correspondientes credenciales diplomáticas. Aunque esta delegación opera como una embajada, a ojos de la Casa Blanca funciona como un lobby, financiado por el erario público español.

Junto a Sala, el año pasado se registraron dos asesores, nombrados también a dedo por la Generalitat. Uno es Magalí Muria, mexicana nacionalizada estadounidense en 2014, que cobra 64.419 dólares (57.700 euros) al año. En su perfil de Twitter, Muria ha llegado a publicar que los grupos que apoyan «la unidad de España» son «nazis», junto a una foto de unos manifestantes haciendo el saludo fascista y una bandera con el águila.

El otro contratado es Jamie Preto Hepworth, ciudadano español que cobra 63.609 dólares (57.150 euros) por año por labores de asesoría de comunicación. Previamente, Preto estudió en la Universidad Pompeu Fabra y fue director de desarrollo en la empresa Gestmusic Endemol.

En 2017, la aplicación del artículo 155 de la Constitución permitió al gobierno de Mariano Rajoy desmantelar la paradiplomacia catalana, pero Torra, el actual presidente autonómico, la ha vuelto a poner en marcha reabriendo varias delegaciones como la de Washington. Antes de su cierre, la delegación en EE.UU. le costaba al Estado español un millón de euros al año, según estimaciones del Gobierno.

Según publicó ABC el año pasado, la anterior delegada catalana, Victòria Alsina, operó al menos cuatro meses sin el debido registro ante el gobierno de EE.UU., un periodo durante el cual mantuvo, entre otras, seis reuniones con cinco diputados para «recuperar las relaciones entre EE.UU. y Cataluña».

Tras las revelaciones de este diario, Alsina se registró a posteriori, pero duró menos de un año en el puesto. En octubre la sustituyó Sala, un economista que en principio ocupa el cargo de forma interina hasta que se elija a otro delegado en concurso público. Desde abril, Sala era director general de Asuntos Globales del departamento de Acción Exterior de la Generalitat, que controla la «diplomacia» paralela catalana, puesta al servicio del independentismo.

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