La Comisión Europea tiene intención de proponer el año que viene el establecimiento de un supervisor europeo único encargado de combatir las prácticas de lavado de dinero y financiación del terrorismo en el mundo, según figura en el plan que presentó ayer el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, que pretende sustituir la actual competencia de los países en este sentido y que a su juicio es un sistema que permite cierto descontrol en estas prácticas.

Según Dombrovskis, el hecho de que actualmente esta tarea de supervisar las reglas europeas dependa de cada país miembro «favorece la aparición de grietas y estas debilidades pueden poner en peligro la seguridad y la reputación del sistema financiero europeo».

A instancias de Francia y Holanda, varios países ya habían indicado a la Comisión a fines de diciembre pasado la conveniencia de que examinara la posibilidad de crear esta figura del supervisor europeo. Según lo que propone ahora el Ejecutivo comunitario, se realizará una consulta entre los gobiernos para definir posteriormente «el papel y el alcance de esta vigilancia única», para lo que necesitan hacer «una evaluación exhaustiva de todas las opciones».

Al parecer, hay países que no tienen mucha prisa por crear esta figura y otros se inclinan por fortalecer las estructuras de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para que se encargue de esta tarea, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha asumido el papel de supervisor bancario.

Reglas de control
La Comisión entiende que de todos modos será necesario armonizar las reglas de control del lavado de dinero en toda la UE a través de un reglamento único. De hecho, Dombrovskis ha recordado que «el reciente aumento de la actividad criminal en el contexto de la pandemia de coronavirus nos recuerda que los delincuentes utilizarán todas las vías posibles para continuar sus actividades ilícitas a expensas de la sociedad».

La Comisión ha revisado también la lista negra de países que se considera que no luchan lo suficiente contra este tipo de delincuencia. El año pasado los países y la propia Comisión fueron víctimas de grandes presiones porque en la lista de los incumplidores estaba Arabia Saudí, que este año ha desaparecido de esta relación. También han desaparecido territorios de soberanía o administración norteameicana como Puerto Rico, Samoa Americana o las Islas Vírgenes Americanas.

Al revés, Panamá, que había sido excluido, ha vuelto a ser mencionado por no haber podido demostrar que ha mantenido las buenas prácticas. Otros países que sí han sido retirados de la lista negra son Bosnia y Herzegovina, Etiopía y Túnez.

La relación definitiva incluye como novedad a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Zimbabue.

Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu y Yemen ya estaban en la relación y la Comisión ha decidido mantenerlos.

Que un país figure en esa lista no implica la imposición de sanciones, pero obliga a los bancos europeos a aplicar controles más estrictos sobre las transacciones financieras con clientes o instituciones financieras.

abc

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