El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su libro «El dilema» reveló que tres veces rechazó el rescate de la economía española entre 2010 y 2011: una al BCE, otra al FMI y la última a la canciller Angela Merkel, que sigue en el cargo. No lo hizo, pero dejó a España al borde del abismo. Después fue su sucesor, Mariano Rajoy, el que resistió fuertes presiones para solicitarlo cuando la prima de riesgo llegó a los 627 puntos. No lo hizo, pero pidió un rescate más o menos a medida para la banca que entonces recibió fuertes críticas del PSOE desde la oposición. Pero la historia económica es cíclica y las crisis se encargan de demostrarlo.
Con una epidemia global que provocará una recesión inédita en España desde la Guerra Civil (del 9,2%, según el Gobierno) y un incremento de la deuda pública de 100.000 millones, al 115,5% del PIB, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta ahora a una tesitura similar, con una presión creciente para que acuda al Mecanismo de Estabilidad (MEDE) y otras opciones en la recámara.
Primero fue el presidente italiano, Giuseppe Conte, el que reveló de forma oportuna que Sánchez estaba «interesado» en el fondo de rescate. Posteriormente, la agencia de rating Moody’s en un informe de hace unos días señaló que espera «que España active el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprovechando la línea de crédito para el gasto relacionado con la lucha contra el virus, junto a otros estados miembros, además de ser uno de los principales receptores del fondo europeo de desempleo (SURE)». Moody’s calcula que el BCE comprará 114.000 millones de deuda pública española este año, lo que sumado a los otros dos fondos cubrirá el 59% del conjunto de necesidades de financiación, lo que incluye las refinanciaciones a corto plazo del Tesoro.
Fuentes del Ejecutivo rechazan que se vaya a pedir ayuda al MEDE, dirigido por el alemán Klaus Rengling, que estuvo en la cocina de los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal. Para este fondo, armado con 410.000 millones, se ha negociado que, a diferencia del pasado, no tenga condicionalidad, aunque habrá que justificar muy mucho que el gasto va a desembolso sanitario.
«El MEDE es un suicidio político, eso puede provocar la salida de Podemos del Gobierno y el PP no lo va a apoyar. Es un memorándum y un compromiso. Es mejor optar por el Fondo de Reconstrucción», sostiene el economista José Carlos Díez, que apuesta por que Italia, con una deuda pública del 135% del PIB muy superior a la de España, dé el primer paso. No le resultaría nada fácil al presidente lograr financiación llegado el caso, al formar parte de un Gobierno de coalición con compañeros de viaje como Podemos y apoyado en los independentistas de ERC.
Precisamente, en Italia el MEDE arrastra un sambenito político que Conte quiere evitar. «España ha hecho bien en distanciarse de la intransigencia de Italia. Calviño ha adoptado una actitud pragmática mientras Conte sigue negándose a acogerse al MEDE. No tiene por qué haber estigma pero va a ser difícil que los países del Norte acepten un Fondo de Reconstrucción con suficientes recursos si Italia y España antes no activan una línea de crédito del MEDE. Italia está en una posición fiscal y económica más delicada que España», describe el profesor holandés de la Universidad Autónoma de Madrid y firmante de un manifiesto que pide a Países Bajos una respuesta europea a la crisis, Marcel Jansen.
La exigencia de los requisitos hace que el Ejecutivo opte por otras fórmulas, ya que el grueso del gasto público está aumentando por la subida del paro y la cobertura a los afectados por un ERTE. El Gobierno ha informado a Bruselas que el 31% de la población activa pasa a depender del Estado en esta crisis, lo que se traduce en más de 7 millones, la mayoría en regulaciones de empleo. Por ello, el Ejecutivo prefiere acudir al seguro europeo de desempleo (SURE), una amalgama de hasta 100.000 millones en créditos de la Comisión Europea cuyo detalle se debe negociar la próxima semana en el Consejo Europeo. Y si esta es la batalla que libra España, la guerra se llama Fondo de Reconstrucción, tiene 1,5 billones y Sánchez quiere que se incluyan transferencias y deuda perpetua, frente a las reticencias de los países del norte de Europa.
«De momento está el BCE que está comprando deuda, lo que marca la diferencia frente a 2012 y permite financiación a costes muy razonables. Sería adecuado aguantar y que vaya primero Italia. Y que España vea primero las condiciones que se le ponen a Conte antes de decidir», explica Díez.
«Creo que no nos van a dar el dinero a fondo perdido», afirmó hace unos días el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que aseveró que «España va a necesitar el dinero», en referencia a que el Gobierno deba acudir al MEDE. Marcel Jansen sí aboga por que España opte por esta vía. «Debe diseñarse sin la condicionalidad habitual para evitar una consolidación fiscal muy fuerte en el corto plazo. Con condiciones atractivas para que ni España ni Italia se puedan negar. Además, el uso del MEDE es necesario para garantizar que el BCE pueda seguir con la compra masiva de deuda española o italiana», dice.
La presión extra de junio
La realidad de los datos es que la caja está vacía en España. A la presión del pago de las regulaciones de empleo se unen las facturas ordinarias, como la nómina de pensiones y de empleados públicos, que tendrán el pico más elevado el próximo junio. A los desembolsos extra ocasionados por el Covid-19 se unirán pagos dobles a jubilados y empleados públicos, que provocarán las tradicionales tensiones de tesorería, este año agravadas por el impacto económico de la pandemia, que solo en ERTE roza los 18.000 millones.
El peso de todos estos gastos es lo que parece estar impidiendo al Ejecutivo suspender los impuestos a las empresas, como llevan insistiendo las organizaciones empresariales desde que Sánchez decretó la parálisis de la economía. «Vamos a tener un gran sobrecoste y necesitamos certidumbre en la recaudación», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero hace unas semanas a las empresas ante una nueva reclamación de las empresas.
«El Estado no tiene capacidad para afrontar el coste económico de las medidas», dice Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE. Avisa de que «en este momento hay mucha gente que no tiene dinero» y asegura que Sánchez recurre a la ayuda europea sea para salvar a empresas, autónomos y trabajadores.
abc
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