La tensión política se agrava en medio de la emergencia del coronavirus en Bolivia. La presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, rechazó este jueves la ley de convocatoria a elecciones que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Evo Morales, el opositor Movimiento al Socialismo (MAS). “Doy esta ley inmoral por observada y rechazada” señaló en una declaración escrita, luego de que la Asamblea desestimara las observaciones que la presidenta había planteado a la ley y ordenara a la titular del Senado, Eva Copa, que la promulgara. Este acto es posible en el Derecho boliviano, ya que la Constitución no admite el veto presidencial de una ley. Sin embargo, en este caso, el oficialismo considera que ha sido ilegal por cuestiones formales. Con esta decisión la realización de las elecciones en el país andino ha quedado sujeta a una disputa jurídica entre el Parlamento y el Gobierno interino.

Este impasse entre los dos principales poderes del Estado se debe a la fecha de las elecciones, en debate desde la caída de Evo Morales el pasado noviembre. Según la ley que la Asamblea Legislativa aprobó y promulgó los comicios deberían efectuarse en los últimos días de julio. El oficialismo, por su parte, defiende un proyecto que le da al Tribunal Constitucional la facultad de decidir la fecha en un plazo que se extiende hasta septiembre. Su argumento es que hacerlo en julio podrían causar “miles de contagios y cientos de muertes” por la crisis sanitaria. En Bolivia se registran 1.167 casos confirmados y 62 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins. El país se halla en confinamiento total hasta el 10 de mayo y pretende retornar progresivamente al trabajo a partir de este día.

La aprobación de la convocatoria de elecciones del Parlamento boliviano fue acompañada por una demostración del MAS, que pidió a sus adherentes que encendieran petardos y golpearan cacerolas para que “Áñez se vaya”. El llamado de este jueves tuvo éxito en los barrios más pobres de varias ciudades.

También se produjeron dos incidentes violentos que el Gobierno ha atribuido al MAS, pero que este partido no reconoce. Un grupo de personas lanzó piedras a un par de autobuses municipales en El Alto. La alcaldesa de esta ciudad indígena, Soledad Chapetón, es una de las principales adversarias del partido izquierdista. Los bienes de la Alcaldía han sido destrozados en varias ocasiones por vándalos. Al otro lado del país, en Yapacani (departamento de Santa Cruz), se produjo un ataque al cuartel local de la policía. Los manifestantes querían sacar del lugar las motocicletas que les fueron retenidas por haber roto las reglas de confinamiento.

Estos incidentes se sumaron a varios enfrentamientos entre los agentes y personas, que según el Gobierno, están vinculados con el MAS. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, detuvo e interrogó ante la prensa a un poblador del Chapare que había grabado un vídeo insultándolo y advirtiendo de un levantamiento popular en contra de Áñez, a causa de la falta de alimentos para seguir en cuarentena. Murillo hizo que el hombre responsabilizara públicamente de su comportamiento a un diputado del MAS. No fue el único caso de detención de personas por la difusión de mensajes que el Gobierno considera subversivos. Tres decenas de periodistas publicaron un pronunciamiento protestando por la “detención ilegal”, días antes, de Mauricio Jara, un activista de las redes sociales acusado de propagar información falsa y de animar varios grupos de chat del MAS. Al comenzar la crisis sanitaria, Human Rights Watch había advertido sobre los riesgos de la ambigua prohibición de “desinformar” incluida en el decreto gubernamental de cuarentena.

La aprobación de una fecha próxima para las elecciones presidenciales en Bolivia ha sido exigida por las oficinas de campaña del MAS y de Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, que argumentaban que un Gobierno surgido del voto ciudadano podría enfrentar la pandemia mejor que uno que no contase con este respaldo. El oficialismo ha respondido que “debe haber y habrá elecciones este año”.

Áñez llegó al poder como consecuencia del derrocamiento de Evo Morales en noviembre pasado. Su misión era convocar a elecciones, que estaban previstas para el próximo 3 de mayo y fueron suspendidas por la crisis sanitaria. La presidenta interina decidió presentar su candidatura y se encontraba, en las encuestas previas a la emergencia, entre los candidatos con mayor intención de voto, detrás de Mesa y de Luis Arce, del MAS. De acuerdo con las encuestas digitales que se han conocido hasta ahora, su gestión de la lucha contra la pandemia es aprobada por la mayoría de la población.

elpais

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