Arabia Saudí va a suprimir las condenas a muerte a quienes fueran menores de edad en el momento del delito, según ha anunciado este domingo la Comisión de Derechos Humanos (CDH, un organismo estatal), que hace referencia a un decreto real. Aunque se desconoce a partir de cuándo va a aplicarse la medida, parece tratarse de una reforma más amplia del sistema penal, ya que poco antes se había filtrado que el castigo de flagelación iba a sustituirse por cárcel o multas.

“El decreto significa que cualquier persona que reciba una sentencia de muerte por delitos cometidos cuando fuera menor de edad ya no será ejecutada. En su lugar, la persona recibirá una pena de prisión de un máximo de diez años en un centro de detención juvenil”, asegura el presidente de la CDH, Awwad al Awwad, en un comunicado del que se hace eco la agencia Reuters.

De la información disponible no queda claro cuándo se ha publicado dicho decreto ni a partir de cuándo será efectivo, ya que los medios oficiales no lo han mencionado. La noticia supone un giro en el sistema judicial saudí donde los menores son juzgados como adultos y, si se les considera culpables de alguno de los delitos castigados con la pena capital, se les ejecuta una vez que cumplen la mayoría de edad.

Activistas y organizaciones de derechos humanos ha criticado con dureza esa práctica que contraviene la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia. En su informe sobre la pena de muerte en 2019, Amnistía Internacional sitúa a Arabia Saudí como el tercer país con mayor número de ejecuciones (184), después de China (miles) e Irán (251), ambos con una población mucho mayor.

La noticia sigue a la filtración de un documento interno del Tribunal Supremo que prevé abolir el castigo de flagelación y sustituirlo por cárcel o multas. No hay datos sobre con qué frecuencia los tribunales utilizan la pena de flagelación que en el pasado se ha visto aplicada a acusados de embriaguez en público, acoso o disidencia. Como sucede con las ejecuciones de menores, los crueles castigos físicos que ampara el sistema penal saudí han granjeado muchas críticas al reino.

Los medios saudíes se han referido a la abolición de los azotes como parte de las reformas emprendidas por el rey Salmán y su hijo y gobernante de hecho, el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán. Bajo su reinado, se han introducido llamativas y largamente esperadas medidas como restringir los poderes de la policía religiosa, levantar la prohibición de que las mujeres conduzcan, la ley contra el acoso o la relajación del sistema de tutela. Pero la detención de disidentes o meros críticos, incluidas las activistas por el derecho a conducir, o el asesinato del periodista Jamal Kashoggi ponen en duda el objetivo de la reforma.

De hecho, poco antes de que se filtrara a la prensa la supresión de la pena de flagelación, se conoció la muerte el pasado viernes de Abdullah al Hamid, uno de los más prominentes activistas políticos saudíes. Al Hamid, que se encontraba encarcelado desde 2013, sufrió un derrame cerebral que sus colegas atribuyen a falta de atención médica.

A falta de un texto penal codificado, los jueces tienen un amplio margen de maniobra para interpretar la ley islámica (Sharía); a menudo una tanda de azotes complementa otros castigos. Tal fue el caso del librepensador y bloguero Raif Badawi quien, tras ser declarado culpable de insultar al islam y violar las leyes cibernéticas saudíes, fue condenado a 10 años de cárcel, 1.000 latigazos y una multa de un millón de riales (230.000 euros) a finales de 2014. Para más inri, la propia sentencia establecía que la flagelación se llevara a cabo en sesiones de 50 azotes semanales. La condena internacional y las noticias de que estuvo al borde de la muerte tras la primera tanda (realizada en una plaza pública y de la que se filtró un vídeo) frenaron el resto por prescripción médica.

Sin duda, las autoridades del reino han comprendido el grave daño que la flagelación causa a su imagen. Sin embargo, para los activistas de derechos abolirla es un pequeño paso en la necesaria humanización de un corpus penal que sigue incluyendo la amputación por robo, la lapidación para adúlteros y la decapitación por asesinato o terrorismo.

“Es un cambio bienvenido, pero debería haberse producido antes. No hay nada que impida a Arabia Saudí reformar su injusto sistema judicial”, ha declarado Adam Coogle, vicedirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, citado por Reuters.

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