El fiscal general del Estado de Chad, Youssouf Tom, anunció el pasado sábado la muerte de 44 yihadistas de Boko Haram que se encontraban en una prisión de Yamena, la capital. El Gobierno defiende la tesis de un suicidio colectivo con una sustancia venenosa tras realizar la autopsia a cuatro de ellos. Por otra parte, este lunes, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la ejecución extrajudicial de 31 civiles en Djibo, en el norte de Burkina Faso, el pasado 9 de abril. Ambas acciones vuelven a ensombrecer la actuación policial y militar en la lucha antiterrorista en el Sahel, denunciada en múltiples ocasiones por los defensores de derechos humanos también en países como Malí y Nigeria.
Los 44 presuntos terroristas fallecidos la semana pasada en Yamena habían sido detenidos en el marco de la operación militar Cólera de Boma que se inició a finales de marzo tras el peor ataque sufrido por las Fuerzas Armadas chadianas a manos de Boko Haram en la zona del lago Chad, en el que falleció un centenar de soldados. En dicha operación, liderada por el presidente Idris Déby, fueron asesinados 76 yihadistas y otros 58 fueron detenidos y trasladados a la capital del país africano.
El fiscal general del Estado informó el sábado de que 44 de estos presuntos terroristas fueron hallados sin vida en su celda el pasado jueves por la mañana. El informe forense de la autopsia realizada a cuatro de ellos reveló la presencia en sangre de una sustancia tóxica que provocó “un ataque cardiaco a algunos y asfixia severa, a otros”. El ministro de Justicia chadiano, Yimet Arabi, aseguró a la agencia France Press que “no hubo malos tratos” e insistió en la inocencia de las fuerzas de seguridad. “Los presos se encontraban muy bien el día anterior”. Sin embargo, fuerzas de la oposición y movimientos sociales discrepan de la tesis gubernamental y creen que hubo torturas y malos tratos. Ahora piden que se abra una investigación judicial independiente.
Por otra parte, Corinne Dufka, directora de HRW para África occidental, denunció este lunes lo que considera “un crimen de guerra” en Burkina Faso: el asesinato a manos de soldados de 31 civiles que se encontraban detenidos en lo que denominó “una parodia brutal de una operación antiterrorista”. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en Djibo, una ciudad situada a unos 200 kilómetro de la capital y en pleno epicentro de la violencia yihadista que sacude al país.
Según los testimonios recabados por HRW, las fuerzas de seguridad y militares comenzaron a detener a varones pertenecientes a la etnia fulani, a la que se acusa de complicidad con los grupos yihadistas que operan en la región, en distintos barrios de la ciudad. Las víctimas, explica el informe de esta organización, no estaban armadas y fueron interpeladas cuando estaban alimentando a su ganado o simplemente sentadas en la puerta de sus casas. Tras ser subidos a vehículos militares, se escucharon varias ráfagas de disparos. Unas horas más tarde, habitantes de Djibo encontraron los 31 cuerpos maniatados y ejecutados en un descampado.
HRW ha entregado el informe de su investigación a las autoridades en el que incluyen las entrevistas realizadas a 17 personas, entre las que se encuentran 12 testigos de las detenciones y del entierro de los cuerpos.
Torturas y abusos
Organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando los excesos policiales en la lucha antiterrorista en el Sahel. Amnistía Internacional documenta desde 2014 en un informe anual los casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales que se cometen en Nigeria y Camerún contra detenidos por su supuesta pertenencia al grupo terrorista Boko Haram. En 2018 salió a la luz un vídeo que mostraba a soldados cameruneses fusilando a dos mujeres, una niña y un bebé.
Asimismo, el Ejército maliense, que recibe formación militar de la Unión Europea, ha sido acusado no solo de apoyar a milicias paramilitares como Gatia o los cazadores dozo, que cometen asesinatos contra civiles, sino de haber participado directamente en la ejecución de civiles de la etnia fulani en el centro del país. Estas atrocidades no han sido investigadas y alimentan la espiral de violencia entre comunidades.
El Sahel está sumido en una grave inestabilidad de origen yihadista que tiene dos focos principales: por un lado la zona de las tres fronteras entre Malí, Níger y Burkina Faso, que se ha ido convirtiendo en el epicentro de un conflicto que comenzó en el norte de Malí en 2012 y que provocó casi 5.000 muertos solo en 2019. Y por otro, el noreste de Nigeria donde la sangrienta rebelión que inició Boko Haram en 2009 se ha irradiado a Níger, Chad y el norte de Camerún y ha provocado unas 30.000 muertes en una década.
elpais
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