El Consejo de Ministros tiene en su orden del día hoy un nuevo decreto omnibús con medidas para paliar las consecuencias de la crisis causada por el coronavirus. Entre los asuntos que aparecen en el borrador de esa norma, hay una prórroga de la prioridad del teletrabajo, la flexibilización de ERTE en empresas de sectores esenciales o la extensión de las líneas de avales públicos de 100.000 millones hasta final de año. Fuentes oficiales de varios ministerios implicados advierten que estos planes pueden cambiar en la reunión del Ejecutivo.

Nueve ministerios han preparado un nuevo paquete de medidas para afrontar la crisis del coronavirus, según el borrador del decreto ley al que ha tenido acceso este diario. El número de departamentos implicados da idea de la cantidad de sectores y colectivos a los que se dirige.

Una de las medidas que figura en ese borrador es la prórroga de dos meses del teletrabajo como alternativa preferente para quienes pueden trabajar desde casa. Esta fue una de las primeras decisiones que adoptó el Ejecutivo cuando decretó el Estado de alarma. Además, la medida se completaba con la posibilidad de que los trabajadores pudieran adaptar su jornada. Ambas iniciativas se tomaron para facilitar el confinamiento y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la actividad laboral.

Que el Ejecutivo baraje esta opción da idea de que puede estar pensando en una salida no muy rápida del confinamiento. No obstante, este decreto todavía no contiene directrices para la vuelta a la actividad de las empresas. El Ministerio de Trabajo comenzó la semana pasada a negociar con los agentes sociales cómo sería la salida gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y esas conversaciones todavía no han finalizado.

Precisamente, otra de las medidas que estudiaría el Consejo de Ministros es la flexibilización de ERTE en empresas presentes en sectores esenciales. No obstante, esos ERTE no se podrían aplicar en los departamentos de estas actividades designadas por el Ejecutivo. El borrador de decreto señala que es una opción que se permitiría en “aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial”.

También en el plano laboral y de protección de afectados por los ajustes, el decreto clarifica el acceso de empleados fijos discontinuos a la prestación extraordinaria para los afectados por ERTE. Cuando estalló la crisis, muchos de estos trabajadores no se habían incorporado a sus puestos. Esto es lógico ya que este tipo de contrato se emplea en actividades de temporada como el turismo, y este sector no había arrancado todavía. El objetivo de la medida sería “ampliar la cobertura regulada [...] a aquellos que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas”, según puede leerse en la exposición de motivos del borrador.

El texto también prevé facilitar el acceso a prestaciones a los trabajadores “cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19”.

También habría medidas para autónomos en este decreto, concretamente para los que tenían que tramitar su prestación extraordinaria por cese de actividad ante el servicio público de empleo estatal (SEPE), unos 50.000. A ellos se les permite elegir una mutua colaboradora de la Seguridad Social ante la que solicitar la ayuda y así agilizar su acceso a ella. Hasta ahora algo más de 919.000 trabajadores por cuenta propia han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad y, según las previsiones que maneja el departamento que dirige José Luis Escrivá, el número de beneficiarios final podría ascender a 1,4 millones, casi la mitad de todos los autónomos que hay.

Avales hasta fin de año
Otro tipo de medidas son las financieras y de liquidez. En este capítulo, por ejemplo, el Ejecutivo precisa que las líneas de avales de 100.000 millones anunciadas a finales de marzo se extenderán hasta el 31 de diciembre. Aunque en el primer decreto en que contenían las líneas generales de la medida no había plazo límite. Sí lo había en los dos primeros paquetes que se han lanzado por 20.000 millones cada uno, que se extendían hasta el 30 de septiembre. Además, el Ejecutivo prevé aprobar aplazamientos en créditos concedidos a empresas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Estos planes se completan con una reducción del IVA hasta el 0% para el material sanitario en transacciones “interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios”. La medida se prolongaría, en principio, hasta el próximo 31 de julio.

Este martes el Consejo de Ministros tiene en su orden del día la aprobación de un nuevo decreto-ley con un amplio abanico de medidas para afrontar la crisis del coronavirus. Entre ellas destaca la “prórroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada”·, según el borrador al que ha tenido acceso este diario y ha adelantado El Confidencial. Además, el Gobierno abriría la mano en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a empresas con presencia en sectores esenciales, aunque estos no afectarían a esa actividad sino “aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial”.

Además de estas dos medidas, el decreto contiene medidas fiscales y financieras. El borrador, que según advierten fuentes oficiales de varios ministerios podría cambiar sustancialmente antes de su aprobación definitiva, no aborda todavía medidas de la llamada “desescalada” que todavía se están negociando con los agentes sociales.

El nuevo decreto omnibus, contiene medidas que implican a nueve ministerios, extiende la protección a algunos colectivos de trabajadores afectados por la crisis y que hasta ahora estaban en una zona gris: fijos discontinuos, temporales despedidos durante el periodo de prueba. También facilita que los autónomos que tenían que solicitar su prestación extraordinaria por cese de actividad provocado por el coronavirus acudan a hacerlo a una mutua colaboradora de la Seguridad Social. Este colectivo tenía que hacerlo, hasta ahora, en el Servicio Público de Empleo.

Las medidas financieras que prepara el Ejecutivo también contienen la opción de aplazar los préstamos concedidos por el IDAE y también se alarga el plazo por el que estará en vigor la linea de avales de 100.000 millones, que el Gobierno puso en marcha hace ya varias semanas. Si en un principio, se extendía hasta el 30 de septiembre ahora se alarga el periodo un trimestre más, hasta final de año.

elpais

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