El Parlamento de Turquía aprobó durante la noche del lunes una suerte de amnistía destinada a liberar a unos 90.000 reclusos y descongestionar así el sistema penitenciario turco por temor a que la Covid-19 se extienda por sus cárceles. El problema, se quejan la oposición y las organizaciones de derechos humanos, es que se deja fuera de estos beneficios a decenas de miles de personas condenadas por motivos políticos, incluidos decenas de periodistas actualmente entre rejas.
Esta amnistía es en realidad una reforma de varias leyes que afectan al enjuiciamiento penal y al sistema penitenciario y que llevaban tiempo “en preparación”, pero cuyos trabajos se “han acelerado” debido a la extensión de la epidemia por coronavirus, explica Cahit Özkan, vicepresidente del grupo parlamentario del partido oficialista AKP (islamista, en el Gobierno). En Turquía se han detectado ya más de 60.000 infectados por la Covid-19 y se han registrado unas 1.300 muertes, tres de ellas de presos, según datos del Ministerio de Justicia. Además, 17 reclusos y 79 empleados del sistema penitenciario han dado positivo.
Un reciente informe del Consejo de Europa revela que las cárceles turcas están entre las más saturadas del continente. La población carcelaria de Turquía es de 286.000 personas –se ha doblado en los últimos siete años debido a las purgas y a la persecución de la oposición–, pero las plazas oficiales de sus 385 prisiones son solo 235.000. Esto provoca, denuncia Human Rights Watch (HRW), que muchos internos tengan que dormir en colchones sobre el suelo, que falte material de higiene y que, obviamente, no se pueda guardar la distancia requerida para evitar el contagio. Tampoco se han repartido mascarillas entre los internos y no todos los celadores las llevan puestas.
Las nuevas disposiciones penales permitirán cumplir la pena en arresto domiciliario a aquellos que se hallen en cárceles de régimen abierto y a una serie de categorías de presos en las instituciones ordinarias, por ejemplo los mayores de 65 años, las mujeres con niños pequeños, los reclusos que hayan cumplido la mayor parte de su condena y los enfermos graves (actualmente hay unos 1.500, según la asociación de derechos humanos IHD). Todas estas liberaciones serán supervisadas por un juez. Eso sí, quedarán excluidos de estos beneficios los acusados por delitos sexuales, maltrato a mujeres, asesinato, narcotráfico y terrorismo.
El problema, arguye Emma Sinclair-Webb, de HRW, es que “Turquía abusa de las leyes antiterroristas. Cualquiera que critique al Gobierno puede ser condenado por estas leyes”. Entre ellos hay al menos un centenar de periodistas; cientos de alcaldes, concejales, cargos locales y exdiputados del partido prokurdo HDP –incluidos sus antiguos líderes, Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag–, y miles de profesores, jueces, policías y funcionarios de diversa categoría de afiliación izquierdista o vinculados a la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, acusada de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016. “Turquía es probablemente el país del mundo con más condenados por terrorismo. Y algunas de estas personas sufren enfermedades graves y no tienen acceso a tratamiento en las cárceles”, se queja Sinclair-Webb. “Para ellos, la Covid-19 puede ser una condena a muerte”, continúa. Otra de las críticas es que la ley deja fuera a las 43.000 personas que permanecen en prisión preventiva en espera de sentencia firme.
Por ello, la oposición había pedido incluir en la amnistía a aquellos condenados solo por delitos de palabra, relata el diputado socialdemócrata Zeynel Emre. En otros casos –como el de excluir de los beneficios penitenciarios a los condenados por violencia machista (en un momento en el que el confinamiento ha disparado los casos de maltrato un 38% según cifras de la Policía)– los grupos políticos progubernamentales aceptaron las enmiendas de la oposición, pero en la cuestión del terrorismo han sido inflexibles, por lo que el texto ha salido adelante solo con los votos del islamista AKP y sus aliados de la extrema derecha. “El terrorismo es una línea roja para nosotros. Turquía ha sufrido mucho por el terrorismo”, dice por teléfono el diputado oficialista Cahit Özkan: “No podemos aceptar que, por no utilizar armas, se los excluya de esta definición. Hay veces que la parte no armada de una organización terrorista es más peligrosa incluso que la que utiliza las pistolas”.
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