Los ultraconservadores polacos han decidido llevar esta semana al pleno del Congreso dos controvertidos proyectos de ley sobre aborto y educación sexual aparcados desde hacía tiempo. En plena pandemia de la Covid-19, que mantiene a los ciudadanos confinados e impide la organización de protestas, los diputados tienen previsto discutir este miércoles y jueves si limitan aún más el acceso a la interrupción legal del embarazo, actualmente permitida solo en tres supuestos, y si penalizan a quienes impartan nociones de educación sexual entre menores de edad. Organizaciones civiles y diputados de toda Europa advierten de que el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) aprovecha la pandemia para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como promover la desinformación entre los jóvenes. La iniciativa ha desatado protestas en las redes sociales e incluso bocinazos en la calle. El plazo para debatir ambas propuestas, pertenecientes a la anterior legislatura, expiraba ahora, seis meses después de la constitución del Parlamento.
La iniciativa de la organización Stop Aborto llevaba bloqueada en el Congreso desde marzo de 2018, cuando las manifestaciones de miles de mujeres hicieron dar marcha atrás al Ejecutivo ultracatólico que lidera en la sombra el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski. Actualmente la ley polaca es una de las más restrictivas de Europa, por detrás de Malta, San Marino y Andorra, donde el aborto es ilegal en todos los casos. El país solo permite la interrupción del embarazo si este es producto de violación o incesto, si la vida de la madre está en peligro o si el feto sufre malformaciones o enfermedad irreversible. El proyecto pretende modificar las disposiciones de la ley de Planificación Familiar del año 1993 y eliminar este último supuesto. “En la práctica, el 98% de los abortos legales en Polonia se realiza por anomalías fetales graves”, afirma la Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa en un comunicado hecho público este martes. Desde Bruselas, su portavoz Irene Donadio explica por teléfono que la reforma “no cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población” y considera que el PiS ha elegido este momento para debatirla porque “la gente está encerrada en casa y no puede salir a protestar”.
En la misma línea se expresa Marta Lempart, integrante del movimiento feminista Huelga Nacional de Mujeres, impulsor de las manifestaciones contra el proyecto de ley. La activista cuenta que pese a las prohibiciones han encontrado la forma de hacer oír su voz. “Hemos organizado hoy una protesta desde los coches, pegamos pancartas en las tiendas abiertas y hacemos acciones en Internet”, indica.
El segundo proyecto de ley que pretende debatir el Congreso contempla castigar con hasta cinco años de cárcel a quienes “promuevan la actividad sexual entre los menores de edad”. La iniciativa fue impulsada también por una asociación provida y en la práctica busca prohibir la educación sexual en las escuelas. El texto entró en el Parlamento en octubre y desató numerosas protestas.
170 parlamentarios de 24 países de Europa miembros del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos han expresado en una declaración urgente su profunda preocupación por ambas propuestas. En ella "instan al Parlamento polaco a respetar el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos y funciones reproductivas” y “condenan el cambio hacia la desinformación de los y las jóvenes y la estigmatización y prohibición de la educación sexual”.
Por su parte, Hillary Margolis, investigadora principal de derechos de la mujer en Human Rights Watch, ha advertido en un comunicado de que “el caos y la ansiedad que rodean a la Covid-19” no deben usarse como distracción para “impulsar una legislación peligrosa”.
El país, que hasta la fecha registra más de 7.000 contagios y 251 fallecidos por coronavirus, tiene previsto celebrar la primera vuelta de las presidenciales el próximo 10 de mayo. El Congreso aprobó hace una semana la votación universal por correo en un movimiento que el Gobierno justifica como una forma de salvaguardar la salud de los ciudadanos, mientras que la oposición y más de dos tercios de los polacos son partidarios de aplazar los comicios.
elpais
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