La Comisión Europea ha logrado este jueves una victoria tardía para la crisis de refugiados de 2015 pero potencialmente muy importante para el diseño de la futura política de migración y asilo, cuyo proyecto espera presentar en las próximas semanas o meses. El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado que, tal y como defendía la Comisión, Hungría, Polonia y República Checa incumplieron de manera deliberada e ilegal sus obligaciones en el reparto de solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia durante la crisis migratoria de hace cinco años, en la que más de un millón de migrantes entraron en Europa, muchos de ellos, huyendo de la guerra de Siria.
Como respuesta a aquella crisis, el Consejo de la UE pactó la reubicación de 160.000 aspirantes al asilo, entre ellos, 120.000 distribuidos por cuotas obligatorias entre los Estados miembros. En mayor o menor medida, los tres países denunciados ante el Tribunal ignoraron olímpicamente la decisión y se negaron a participar en el reasentamiento aduciendo razones de seguridad pública. Como razón añadida adujeron que el sistema de reparto no funcionaba adecuadamente y que la colaboración con Atenas y Roma no era la apropiada.
El veredicto de este jueves señala que los países “no pueden invocar ni sus responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público (...) ni la supuesta disfunción del mecanismo de reubicación” de 2015 “para sustraerse a su ejecución". El alto tribunal con sede en Luxemburgo da la razón así a la Comisión Europea que, en diciembre de 2017, llevó a los tres países ante la justicia por incumplir las cuotas del programa temporal de relocalización de refugiados desde Italia y Grecia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha valorado como “imporante” la sentencia. Y ha señalado que aunque “se refiere al pasado, servirá de guía para el futuro”. Von der Leyen ha convertido la política migratoria en una de las prioridades de su mandato, iniciado el pasado 1 de diciembre. Su objetivo, precisamente, es superar las heridas que dejó la crisis de 2015, en la que el bloque occidental de la UE se enfrentó a los países de Europa Central y del Este, en particular, contra Polonia, Hungría y República checa.
Von der Leyen prepara un plan que prevé la solidaridad obligatoria entre los Estados en el reparto del esfuerzo para afrontar futuras crisis migratorias. Pero la Comisión contempla la inclusión de fórmulas diversas para cumplir con esa solidaridad, sin necesidad de que pase necesariamente por las cuotas de reparto. Los Estados podrían contribuir por otras vías, como la aportación de recursos al control de fronteras o con la devolución a los países de origen de las personas sin derecho al asilo que hayan entrado ilegalmente en territorio comunitario.
La sentencia del Tribunal, en todo caso, deja sin argumentos a los países que en el futuro se resistan a colaborar en base a razones de orden público. Y aunque el veredicto no tendrá previsiblemene ninguna consecuencia para Polonia, Hungría y República Checa, porque las decisiones de reparto ya expiraron, el Tribunal sienta una jurisprudencia que puede ser muy útil para Bruselas en futuros conflictos. De hecho, los tres países porfiaron durante el juicio para que el Tribunal declarase inadmisible la denuncia de la Comisión. Pero los jueces se negaron y, además de admitirla, han fallado en contra de las pretensiones de Varsovia, Budapest y Praga.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de migrantes irregulares llegaron en 2015 a las costas italianas y griegas, especialmente por la huida de sirios de la sangrienta guerra civil en su país. Para ayudar a ambos países mediterráneo a enfrentar esta llegada de migrantes y refugiados sin precedentes, la UE adoptó en septiembre de 2015 un plan excepcional de reubicaciones, pese al rechazo de Polonia, Hungría, República Checa y Rumanía.
Este plan preveía inicialmente el reparto de hasta 160.000 personas desde Grecia e Italia, entre ellas 120.000 según un sistema de cuotas obligatorias. Pero finalmente se repartieron apenas 35.000 por diferentes motivos. Los magistrados del TJUE recuerdan que ni Polonia ni Hungría acogieron a ningún solicitante de asilo, mientras que la República Checa sólo acogió a 12 desde Grecia en un primer momento, pero “no volvió a asumir ningún compromiso” más.
Sobre el terreno, muchos migrantes continuaron su rumbo hacia el norte de Europa sin esperar. Los restrictivos criterios para optar al asilo y el acuerdo con Ankara también redujeron el número de candidatos y limitaron su alcance. Este plan constituyó una derogación excepcional del Reglamento de Dublín, legislación que confía el tratamiento de una demanda de asilo al país europeo por donde entró el solicitante y cuya reforma está en punto muerto desde hace años.
elpais
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