Lo que sucedió este jueves en Venezuela es un reflejo de la paradoja que envuelve la disputa entre el régimen chavista y la oposición. Juan Guaidó rechazó comparecer ante la Fiscalía, donde estaba citado por una investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado. El Ministerio Público está controlado por el oficialismo y el líder parlamentario no reconoce las instituciones vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro. “No nos va a detener”, enfatizó el político, que mantiene su desafío. Sin embargo, la maquinaria estatal sigue bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al menos en la práctica, empezando por las fuerzas armadas y policiales. Tanto es así que la oficina de Guaidó denunció hoy mismo “amenazas a la vida y a la integridad física" del dirigente después de que agentes de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieran a dos de sus colaboradores. Pero el pulso continúa.
Los opositores califican estas acciones de “secuestros” precisamente porque consideran que Maduro está usurpando el poder de forma ilegítima. Mientras tanto, el Ejecutivo y las máximas instancias judiciales han atribuido a sus rivales varios intentos de golpe y magnicidio. El jefe del poder legislativo, que cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y la vecina Colombia y es reconocido como presidente interino por más de 50 países, reiteró su propuesta de un Gobierno de unidad para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Venezuela, donde los datos oficiales arrojan un registro de alrededor de 150 casos y al menos tres muertes, puede convertirse, según Guaidó, en "un foco permanente de contagio para la región y el mundo”.
Mientras crece la tensión política, a la que se añade una nueva oleada de acciones de Washington contra el régimen, la disputa da señales de acabar en otra guerra de desgaste. Maduro sigue en el poder. Tarek William Saab, el fiscal general que citó al líder opositor aún no se ha pronunciado ni ha aclarado si la decisión no comparecer tendrá consecuencias. Preguntado por sus temores en una conferencia de prensa virtual, el presidente del Parlamento recordó que “la persecución no es nueva”. Lamentó las detenciones de miembros de su equipo, que empezaron en marzo de 2019 con su jefe de despacho, Roberto Marrero, y continuaron hasta esta madrugada. “Demóstenes [Quijada] fue arrastrado delante de su hijo de ocho años”, dijo en referencia a su asesor. “No esperemos que cambie de un día a otro”, mantuvo antes de mostrarse convencido de que el Gobierno no frenará sus planes.
La acusación formulada por el Ministerio Público se concretó hace una semana, cuando un general retirado otrora fiel al expresidente Hugo Chávez, Clíver Alcalá, involucró públicamente a Guaidó en una operación armada que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia. Este exmilitar, incluido por Estados Unidos en una lista de acusados por narcotráfico junto algunos de los principales dirigentes chavistas y el propio Maduro, se entregó a la Agencia Antidrogas (DEA) dejando atrás varias incógnitas por despejar. El jefe de la Asamblea Nacional negó con rotundidad estar detrás de una conspiración. Su estrategia consiste en tratar de debilitar al Gobierno a través de la presión interna y externa, esto es, con la ayuda de Washington.
El incremento de la presión se produce en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, con los servicios públicos abandonados y una población asfixiada por los precios y la dolarización. Y se da justo cuando amplios sectores de la oposición –no solo las franjas disidentes y minoritarias agrupadas en torno a Luis Parra- y el chavismo se avinieron a dar unos tímidos pasos hacia un intento de negociación. Hace menos de un mes, en la Asamblea Nacional se abrió el una vía, por ejemplo, para pactar una nueva composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) con vistas a la convocatoria de elecciones parlamentarias previstas para este año. Pero el objetivo de Guaidó es la renuncia de Maduro, una etapa de transición y la celebración de unas presidenciales.
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