Más de 16 años después del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, las autoridades turcas se disponen a entregar a las españolas restos de las víctimas. El cónsul español en Ankara (Turquía) se trasladó ayer a Trabzon, el lugar donde se estrelló el avión el 26 de mayo de 2003, para asistir a la exhumación de un fémur, que se remitirá al Instituto Anatómico Forense de Estambul, donde se han localizado 23 tarros con muestras de los cadáveres de las víctimas del siniestro.
Una vez recibidos todos los restos, el agregado militar de la Embajada de España en Ankara se encargará de su traslado a España en valija diplomática custodiada. El Ministerio de Defensa ha comunicado el hallazgo a la juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha reabierto el caso.
Se espera que la juez ordene la realización de pruebas de ADN para identificar la filiación de cada uno de los restos. El Instituto Anatómico Forense de Madrid ya ha comunicado que no tiene capacidad para realizar las pruebas, por lo que habrá que encargarlas a otro laboratorio.
La entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró en mayo de 2018 en el Congreso que las autoridades turcas habían hallado una extremidad “que no se sabía a quien pertenecía” y que habían enterrado “por su cuenta y riesgo” antes de que se procediera a la identificación de los cadáveres.
En realidad, la existencia de restos de las víctimas del Yak-42 en Turquía era conocida desde el principio. El entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, declaró en enero de 2004 a El Heraldo de Aragón, que “días después del siniestro aparecieron restos humanos en la zona”. Las declaraciones causaron un considerable revuelo entre las familias de las víctimas, lo que llevó al número tres de Defensa a rectificar asegurando que solo se recogieron “pequeñísimos restos” de los cadáveres, “algo que nada tenía que ver con un testo humano identificable por su entidad”.
Posteriormente se supo que las autoridades turcas encontraron una pierna que fue enterrada en el cementerio de la localidad de Maçka el 24 de julio de 2003, sin posibilidad de identificarla, ya que Defensa se negó a realizar pruebas de ADN.
La existencia de estos restos confirma hasta qué punto la premura y la desidia primaron en la recogida e identificación de las víctimas del siniestro del Yak-42, en la etapa de gobierno de José María Aznar. La Audiencia Nacional condenó al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a 18 meses los dos comandantes que actuaron como forenses por falsedad en documento público. El general falleció antes de ingresar en prisión y sus dos ayudantes fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Audiencia Nacional ordenó la exhumación de 30 cadáveres que habían sido mal identificados, pata que las familias se los intercambiaran y pudieran inhumarlos con el nombre correcto. Sin embargo, algunas familias nunca recibieron los restos de su pariente, ya que habían sido incinerados.
Además de la causa por las falsas identificaciones, se abrió un procedimiento por las numerosas irregularidades que rodearon la contratación del Yak-42, pero el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional, lo archivó por considerar que no había indicios de delito.
El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, nunca fue imputado, pero en enero de 2017 tuvo que dimitir como embajador en Londres.
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