El presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció haber iniciado un proyecto de reforma de ley para declarar como terroristas a narcotraficantes mexicanos, al mismo tiempo que sus opositores del Partido Demócrata preparaban un juicio político contra el mandatario, a un año de las elecciones presidenciales estadounidenses.

En medio de una guerra política en EE.UU., Trump aprovechó algunos sucesos de alto impacto ocurridos en México para posicionar el tema de los cárteles de la droga como una amenaza terrorista a la seguridad nacional de los estadounidenses. 

Acontecimientos donde la intervención de funcionarios estadounidenses ha encendido las señales de alarma en el Gobierno de México, ante una serie de posibles cambios legales promovidos por Trump para facilitar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

De este modo, el juicio político y el plan para combatir el narcoterrorismo poseen una cronología paralela con Trump como protagonista común.

1. Revela plan secreto
El presidente Trump reveló el pasado 26 de noviembre, durante una entrevista con el presentador Bill O'Reilly, que llevaba 90 días trabajando en una iniciativa de ley para tipificar a narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo que daría facultades a EE.UU., de acuerdo a su legislación interna, para realizar acciones directas en territorio mexicano.

"No quiero decir qué voy a hacer, pero serán designados. Ya ofrecí ayuda a México", dijo Trump, quien resaltó la buena relación que tiene con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y agregó: "le ofrecí que nos dejara entrar y limpiar, hasta el momento él ha rechazado la oferta, pero en algún punto algo debe hacerse".

Cuando se le preguntó directamente si clasificará a organizaciones de narcotraficantes mexicanos como terroristas, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente.

"Lo haré, absolutamente, he trabajado en esto los últimos 90 días. La designación no es nada fácil. Hay un proceso", dijo Trump. 

Según la versión del mandatario, el tema habría empezado a impulsarse desde finales de agosto o principios de septiembre de 2019, sin que se hablara públicamente en la agenda mediática mexicana y estadounidense.

2. La DEA en Sinaloa   
El 13 de septiembre, Uttam Dhillon, director interino de la DEA (Administración para el Control de Drogas en EE.UU.) visitó la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por invitación del Gobierno estatal.

Durante la inusual visita del director de la DEA estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el ministro consejero de la Embajada de EE.UU. en México, John S. Creamer. También participaron representantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina.

Posteriormente, el secretario de Marina de México, Rafael Ojeda, confirmó que dos fiscales estadounidenses y personal de la DEA fueron trasladados a Culiacán desde la Ciudad de México, el 12 de septiembre. Ojeda dijo que por esas fechas se acababa de descubrir un laboratorio para la fabricación de droga y "ahí en esos momentos en el estado había personal de EE.UU.", por lo cual "se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente".

Aunque el Gobierno de Sinaloa señaló que la reunión con la DEA y la Embajada de EE.UU. fue para informar sobre los avances del estado en el combate a la delincuencia, solicitar asistencia técnica y pedir al Gobierno estadounidense retirar la alerta para impedir que ciudadanos de aquel país visitaran Sinaloa, las motivaciones de ese encuentro quedaron rodeados en el misterio y generaron sospechas entre los periodistas que lo cubrieron.

"Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua, porque ocurrió meses después de que sentenciaron a Joaquín 'Chapo' Guzmán", dijo en esa oportunidad Ismael Borjórquez, director del semanario Ríodoce, medio sinaloense que documentó que desde junio pasado existían reportes de al menos 150 agentes de la DEA realizando operaciones en Sinaloa, situación que puso en alerta a los narcotraficantes.

"Este tipo de reuniones no se había dado en México, esta es la primera que yo conozco, que se haya dado de manera abierta, entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador", dijo en entrevista con Aristegui Noticias.

De acuerdo con documentos judiciales, en 2009 agentes de la DEA se entrevistaron y aliaron con Vicente Zambada-Niebla, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, para realizar operaciones clandestinas y debilitar a organizaciones rivales en México, según una investigación publicada en El Universal. En el último año, el Departamento de Justicia presentó una serie de audios y documentos que prueban la cooperación entre la DEA y el Cártel de Sinaloa, durante el juicio del 'Chapo' Guzmán en Nueva York.

3. Los hechos de Culiacán
Semanas después, el 19 de octubre, el Gobierno de México implementó un operativo para capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, lo que derivó en una guerra entre el Cártel de Sinaloa y las fuerzas armadas.

La situación provocó que el Ejército liberara a Ovidio Guzmán para impedir la muerte de civiles, de acuerdo con López Obrador.

El operativo evidenció la debilidad del Estado mexicano frente a los cárteles de la droga y generó una amplia cobertura de la prensa mexicana e internacional.

En medio de una crisis política, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán se produjo para cumplir con una solicitud de extradición hecha por EE.UU. a México el pasado 13 de septiembre, precisamente el mismo día en que se produjo la reunión entre el director de la DEA y el Gobernador de Sinaloa.

4. La masacre de la familia LeBarón
El 4 de noviembre fueron masacradas tres mujeres y seis niños de las familias mormonas LeBarón y Langford, en Bavispe, Sonora, en el norte de México. Luego de los hechos, ocho niños sobrevivieron a los ataques perpetrados por hombres armados.

Ese día, casi al mismo tiempo en que ocurrieron los ataques, el embajador de EE.UU. en México, Cristopher Landau, anunció que viajaría al estado de Sonora para sostener algunas reuniones de trabajo.

Al tratarse de un asesinato masivo de personas que tenían doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, la resonancia del caso provocó que Trump ofreciera a México apoyo militar para "borrar" y "hacer la guerra a los cárteles" mexicanos, señalados como autores de la matanza. El ofrecimiento fue rechazado por el presidente López Obrador.

Congresistas y medios estadounidenses hicieron un llamado a que el Gobierno de EE.UU. interviniera militarmente en territorio mexicano para contener la violencia de los narcotraficantes y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Fue entonces cuando algunos senadores republicanos afines  a Trump, como Lindsey Graham, afirmaron que revisarían la posibilidad de declarar legalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que facilitaría una intervención armada de EE.UU. en México.

Una postura que fue rechazada por la Administración de López Obrador, aún cuando el país latinoamericano accedió a que agentes del FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.) participaran en la investigación del caso en territorio mexicano.

De acuerdo con una investigación preliminar del Gobierno mexicano, la masacre contra la familia LeBarón habría sido consecuencia de una "confusión", en medio de una guerra entre los cárteles de La Línea y Los Salazar. Esa es la hipótesis que se mantiene, aún cuando los ataques contra las camionetas en que viajaban mujeres y niños ocurrieron en dos eventos separados: el primero a las 9:40 horas y el segundo a las 11:00 horas.

Además, testimonios de los niños sobrevivientes afirman que una de las mujeres que conducía una de las camionetas bajó del vehículo con las manos arriba para proteger a su bebé, pero terminó siendo asesinada, lo que abre dudas sobre la versión de una posible "confusión", como aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Posteriormente, integrantes de la familia LeBarón, inconformes con las indagatorias del caso, solicitaron al Gobierno de EE.UU. designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

5. Rechazo y tensión diplomática
Ante el aumento de las voces que solicitaban la intervención armada de EE.UU. en territorio mexicano, incluyendo sectores de la derecha nacional, el presidente mexicano denunció que existían "presiones" y criticó que algunos de sus adversarios políticos estuvieran plegados a esa misma demanda.

"No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", dijo el mandatario mexicano el pasado lunes.

En el mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard explicó que clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas implicaría legalmente "acceder a que haya una acción directa de EE.UU." en territorio mexicano. "Eso nunca lo vamos a aceptar", agregó.

Dos días después, Trump reiteraría su intención de clasificar a los cárteles como terroristas, proyecto en el cual, dijo, llevaba trabajando tres meses. Su anuncio desató así una nueva crisis diplomática con México, luego de que en junio pasado el Ejecutivo estadounidense amenazara con imponer aranceles a todas las mercancías del país latinoamericano, en represalia a la política migratoria de López Obrador.

El Gobierno de México informó el martes que sostendría una reunión con funcionarios de EE.UU. para conocer a fondo los alcances y las implicaciones de la iniciativa preparada por Trump.

6. Disputa por el poder en EE.UU.
Según Trump, su trabajo para declarar como terroristas a los cárteles mexicanos inició entre finales de agosto y principios de septiembre, fechas que coinciden con el plazo en que la Cámara de Representantes de EE.UU. inició un procedimiento de juicio político en su contra.

Para el 6 de septiembre, los demócratas ya preparaban el 'impeachment'. El 24 del mismo mes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció formalmente el juicio político contra Trump.

Al día siguiente, la Casa Blanca se vio obligada a difundir el contenido de la llamada telefónica en la que Trump condicionó ayuda financiera al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a cambio de investigar al hijo de un opositor político estadounidense y posible contendiente en la elección presidencial de EE.UU. en 2020, Joe Biden, caso por el que los demócratas acusaron al mandatario de "traición a la patria".

Las tensiones políticas en EE.UU. siguieron las semanas posteriores, hasta que la masacre de la familia LeBarón y Langford, que contó con una amplia cobertura en medios estadounidenses, dio pie a que Trump ofreciera apoyo militar a México.

Posteriormente, en la Cámara de Representantes testificaron  al menos 12 personas en el juicio político contra Trump, del 13 al 21 de noviembre.

Tras la serie de testimonios comprometedores sobre Trump, en torno al presunto uso de la Casa Blanca con fines personales, el mandatario estadounidense volvió a posicionar el tema de nombrar a narcotraficantes mexicanos como terroristas.

De este modo, los escándalos por el juicio político que buscan la destitución del presidente estadounidense y el plan para nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas tienen en común una serie de acontecimientos, que podrían ayudar a entender mejor el escenario político en el que se desarrollan ambos casos. 

¿El plan de Trump para designar a los narcotraficantes como terroristas es parte de una estrategia política para tratar de contrarrestar los ataques en su contra, a un año de las elecciones presidenciales de EE.UU.? Es la pregunta que queda en el aire.

Manuel Hernández Borbolla

Etiquetas: