Desde hace una semana, se pueden ver publicados en las páginas de algunos periódicos egipcios los negativos de algunas fotografías. No se trata de un error de impresión, sino de una campaña lanzada por el influyente Sindicato de Periodistas contra el ministro del Interior, Magdy Abdel Ghaffar, que consiste en adulterar su imagen y omitir su nombre. El Sindicato exige la dimisión del “innombrable” a causa del asalto a la sede de la organización el pasado 1 de mayo por parte de decenas de agentes de policía con el fin de arrestar a dos reporteros procesados por criticar al Gobierno. La rebelión de los periodistas supone uno de los desafíos más sólidos de la sociedad civil al régimen del mariscal Abdelfatá al Sisi, que gobierna Egipto con puño de hierro desde hace más de dos años.

Journalists protest against restriction on the press and to demand the release of detained journalists, in front of the Press Syndicate in Cairo, Egypt May 4, 2016. REUTERSStaff
Journalists protest against restriction on the press and to demand the release of detained journalists, in front of the Press Syndicate in Cairo, Egypt May 4, 2016. REUTERS/Staff STAFF REUTERS
El asalto al Sindicato, un imponente edificio situado a unos a unos 200 metros de la icónica plaza Tahrir, ha sido el detonante de un conflicto cuya raíz se halla en una feroz represión de la libertad de prensa por parte del régimen, que ha llevado al Comité para la Protección de los Periodistas a situar Egipto como uno de los países más peligrosos del mundo parar ejercer esta profesión. “Para empezar, hemos documentado 782 casos de violaciones contra periodistas en 2015 ... y más del 50% son cometidas por el ministerio del Interior”, declaró recientemente Jaled al Balshy, uno de los líderes del Sindicato.
La más grave forma de acoso a los reporteros es el arresto temporal o encarcelamiento -se cuentan más de 25 entre rejas-, así como las agresiones físicas. Sin embargo, no es la única. Durante el año pasado, las autoridades secuestraron la publicación de diversas publicaciones. Uno de los mecanismos más habituales de la censura es la prohibición de publicar cualquier información sobre algún hecho o un proceso judicial. Por ejemplo, el Gobierno prohibió a la prensa publicar cualquier tipo de información sobre el asalto al Sindicato.
Precisamente, una llamada a violar esa orden fue una de la serie decisiones que adoptó el pasado miércoles la Asamblea General de la asociación de periodistas, que registró un auténtico récord de asistencia, con más de 2.000 participantes. El seguimiento de la campaña ha sido dispar. “La mayoría de periodistas apoya estas medidas de presión, como se demostró en la votación de la Asamblea. Ahora bien, han sido solo los medios privados los que las aplicado. En los medios públicos es imposible”, explica por teléfono Jaled Dawud, un conocido periodista del sector crítico de Al Ahram, principal diario oficialista.
Entre las demandas del Sindicato, figura la aprobación de una ley que prohíba el encarcelamiento de cualquier periodista por delitos de opinión, de acuerdo con la protección que otorga la Constitución a la libertad de prensa. Además, también exigen que el presidente al Sisi pida perdón públicamente por el asalto. “Este punto es el más polémico, y el régimen ya está movilizando a sus fieles en el sector para relevar a la dirección del Sindicato”, comenta Dawud. Aunque diversos diputados están intentando mediar entre ambas partes, se augura una escalada de la tensión para los próximos días.

Pena de muerte para tres periodistas
El conflicto coincide con la más brutal sentencia dictada por la justicia egipcia contra la prensa durante la actual fase de represión: la condena a la pena de muerte de tres periodistas. Uno de ellos es de nacionalidad jordana y dos trabajan para la cadena de televisión catarí Al Yazira. Puesto que los tres fueron juzgados in absentia, según la ley del país tienen derecho a una repetición del proceso en caso de ser arrestados. Además, otras tres personas fueron condenadas a la pena capital en el mismo juicio acusadas también de espionaje y de entregar secretos de estado a Catar.
El ex presidente islamista Mohamed Morsi, derrocado en un golpe de Estado por el mariscal al Sisi en 2013, también se encuentra procesado en el mismo caso. Sin embargo, todavía no ha recibido una condena. El juez se pronunciará el próximo 18 de junio, cuando habrá ya recibido la opinión del muftí de la república, una de las máximas autoridades religiosas del país, sobre las penas de muerte dictadas, y deberá confirmarlas o conmutarlas.
“La sentencia no tiene precedentes en la historia del periodismo en el mundo. Representa una puñalada en la espalda a la profesión y a la libertad de expresión”, declaró en un comunicado la emisora, que niega las acusaciones y acusa al Gobierno egipcio de violar la independencia de la judicatura. Al Yazira y el régimen de al Sisi mantienen una largo conflicto que llevó a la cárcel durante más de un año a tres reporteros de la cadena de televisión. El Cairo le acusa de manipular la información para favorecer los intereses de los Hermanos Musulmanes, el movimiento de Morsi.

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