Las mujeres norirlandesas que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo podrán acogerse a partir de ahora a la legislación vigente en el resto del Reino Unido. Y lo mismo sucederá con aquellas parejas del mismo sexo que decidan contraer matrimonio. Hasta hora, este territorio británico, que tenía competencias propias para legislar en estas materias, contemplaba los casos de aborto bajo una perspectiva exclusivamente penal y muy restrictiva y se negaba a admitir el matrimonio homosexual. A partir del 31 de marzo de 2020, las ciudadanas de Irlanda del Norte tendrán derecho a la asistencia gratuita, local y sin restricciones de los servicios públicos de salud. Y se ha impuesto una moratoria de efecto inmediato sobre todos aquellos casos de aborto que estuvieran en estos momentos sometidos a investigación policial o bajo proceso judicial.

En el caso del matrimonio homosexual, se permitirá a partir del 14 de febrero, San Valentín. Los legisladores han querido hacer un guiño especial a las organizaciones LGTB y han elegido para la entrada en vigor el Día de los Enamorados.

La Asamblea Legislativa y el Gobierno de Irlanda del Norte llevan tres años paralizados, por la falta de entendimiento entre unionistas y republicanos, obligados a tomar sus decisiones conjuntamente por los Acuerdos de Paz de Viernes Santo de 1998. Londres ha recuperado el control mientras los partidos no resuelvan sus diferencias. Este vacío de poder fue aprovechado por algunos diputados laboristas en el Parlamento del Reino Unido para homologar la legislación sobre el aborto del territorio con la del resto del país.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya había advertido de la ilegalidad de la situación. Se concedió de plazo hasta la medianoche de este lunes para que los diputados norirlandeses adaptaran su legislación, si querían impedir que lo hiciera Londres por ellos. A pesar de que los Gobiernos conservadores, primero de Theresa May y luego de Boris Johnson, se lavaron las manos y afirmaron que era un asunto que competía en exclusiva a los norirlandeses, una mayoría de diputados en Westminster decidió dar su respaldo a la intervención.

Los unionistas norirlandeses del DUP, aliados parlamentarios del Gobierno conservador en Westminster, convocaron este lunes con urgencia a la Asamblea de Irlanda del Norte para frenar la decisión. El boicot del resto de partidos, que no acudieron a la convocatoria, frustró su empeño. Grupos antiabortistas se concentraron frente a la Asamblea de Stormont para protestar contra la medida, mientras organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, celebraban el cambio de la ley. "Ha comenzado una nueva era en Irlanda del Norte, en la que nos hemos liberado de leyes opresivas que habían sometido a vigilancia policial nuestros cuerpos y nuestra salud", ha celebrado Graine Teggart, la responsable de Amnistía Internacional en ese territorio británico parte de la isla de Irlanda.

La Asamblea de Obispos Católicos de Irlanda del Norte ha expresado en un comunicado de especial dureza su oposición a los cambios. "El aborto es una violación brutal del sagrado derecho a la vida. El derecho a la vida no nos viene dado por ninguna ley o Gobierno", han dicho. Las autoridades católicas norirlandesas han interferido en el proceso político para pedir a los votantes que eviten con sus papeletas el cambio legal, tanto en el caso del aborto como en el del matrimonio homosexual. "Nos preocupa esta redefinición del matrimonio que equipara la unión de dos hombres o dos mujeres con la de un marido y mujer, destinada esta última a la procreación de hijos", han dicho.

La líder de los unionistas del DUP ha calificado de "vergüenza" la decisión y ha prometido que su formación usará todos los medios a su alcance para revertir la ley. "Haremos todo lo posible bajo nuestra conciencia para proteger la vida de los no nacidos", ha asegurado. El DUP, sin embargo, es consciente de los cambios demográficos sociales y de mentalidad que ha experimentado Irlanda del Norte en los últimos años. Sus habitantes comparten una visión mucho más abierta y tolerante respecto al aborto y el matrimonio homosexual con sus vecinos de la República de Irlanda y con los ciudadanos de Inglaterra, Escocia y Gales. Sin embargo, la cercanía de un nuevo proceso electoral en el que las encuestas señalan un retroceso de los unionistas, agravado por su pérdida de influencia en Westminster para controlar el Brexit, ha llevado a esta formación a intentar marcar territorio respecto a las leyes sociales.

En el resto de territorios que integran el Reino Unido es legal el matrimonio de personas del mismo sexo y el aborto, aunque se rige por una ley de supuestos, es mucho más libre. Las mujeres pueden interrumpir su gestación durante las primeras 24 semanas. Necesitan la aprobación de dos médicos, que deben estar de acuerdo en que llevar a término el embarazo supone un grave riesgo para la salud mental o física de la madre. Bajo ese concepto se incluyen los casos de violación o incesto. Y la probabilidad de que el feto sufra malformaciones físicas o mentales. Aunque la ley no hace referencia expresa a las condiciones económicas o sociales de la gestante, tampoco impide que los especialistas sanitarios las tengan en consideración. Desde 2018, las gestantes pueden tomar en su propia casa, sin asistencia médica, las píldoras "del día después" que interrumpen el embarazo.

En Irlanda del Norte, una sociedad históricamente mucho más conservadora que la del resto del Reino Unido, no existían leyes para regular la interrupción del embarazo. Seguía criminalizado y sujeto al marco penal, con mínimas excepciones de carácter drástico (ni siquiera se excluía a la violación de la severidad  de la ley) que los jueces podían aplicar arbitrariamente.

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