A las puertas del Samur Social, hay un colchón sin dueño. Bernardo Méndez durmió sobre él, junto a su mujer y su niño de 5 años, durante dos noches. Esta familia cubana consiguió guarecerse en el centro de acogida de emergencia, donde lleva ya una semana; el colchón -un regalo de un vecino- se lo cedieron a unos venezolanos que solicitaron asilo tras ellos, y estos a los que vinieron después.
Es la puesta en escena de un problema que persiste desde hace meses y que ha empeorado esta semana, cuando varios menores durmieron con sus padres al raso. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que el sistema está «colapsado» y se atrincheran bajo el lema de que «es competencia del Gobierno». No obstante, tras reunirse este martes con representantes de los ministerios de Interior y Migraciones, el Consistorio ofreció ayer al Ejecutivo central siete espacios donde sería posible ubicar nuevos centros de acogida.
Los 6.000 solicitantes de asilo que prevé el Ayuntamiento que llegarán hasta final de año «competirán» por una plaza en alguno de estos centros. Si bien el 80% son latinoamericanos (en especial, venezolanos), según el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs), el número 10 de la carrera de San Francisco era este jueves un popurrí cultural.
Mamukek, un hombre de 50 años, natal de Tiflis, capital de Georgia, se acomodaba para cumplir su trigésimo día en la calle. Compartía colchón y mantas con su compatriota Mguram, más afortunado: el jueves sería su cuarta noche. Cerca de ellos, una familia siria descansaba sobre un par de maletas con dos niños, de 16 y 13 años. El hermano mayor sabía hablar alemán: «Hemos dormido dos noches en la calle». Después de un rato esperando, no se sabe muy bien a qué, desaparecían. «De aquí los mandan al hostal Welcome, que no es mejor», aseguraba una mujer, que se presentó junto a varias personas, alrededor de las 21 horas, con caldo, galletas, algún bollo y café. No son vecinos de La Latina, sino colaboradores de la Red de Solidaridad Popular Latina-Carabanchel.
Mientras Bernardo Méndez disfrutaba de su frugal cena, esta mujer (que prefiere no desvelar su nombre) le preguntaba por el destino de aquellos que venían y se habían marchado en los últimos días, como Fátima, una muchacha siria. «La solución es hacer política social; no puede ser que los que no llegamos a fin de mes nos estemos ocupando de ellos», comenta esta colaboradora.
A por la tajerta roja
La mayoría de extranjeros acuden al Samur Social para solicitar la conocida como «tarjeta roja». Méndez ya ha conseguido su documento de refugiado político, tras escapar hace casi un mes de las cartillas de racionamiento de La Habana. Ha viajado con su familia a Rusia, Serbia, Macedonia y, por fin, Barcelona y Madrid. «Allá vivimos engañados», critica este veterinario, opositor al régimen cubano, que tiene cita el próximo 23 de octubre con la asistente social, donde espera entrar en un programa de ayuda y poder ir a una vivienda compartida.
Adolfo y Patricia, de 51 y 32 años, vendieron su casa, su coche y todas sus pertenencias para huir de Venezuela. «El comer era una proeza, el vestir otra más», asegura ella, abogada. Este matrimonio, recién llegado ayer a la capital, esperó alrededor de una hora frente a las oficinas del Samur Social, con una maleta y tres hijos, de 17, 11 y 7 años. Pero aguardaron en vano. «Nos han dicho que están colapsados», dijo Patricia después de que los trabajadores les facilitaran nada más que información. Si ayer no hubo menores durmiendo en la calle fue porque esta familia de clase media tuvo suerte, ya que una conocida les ofreció su casa en Madrid, mientras tratan de regularizar su situación. «Venimos huyendo de Venezuela y ahora estamos en la calle», sostiene Patricia que, aún así, reconoce que son unos «privilegiados» por haber podido dejar atrás la «crisis» que vive su país.
Karim Soussi (37 años) es de Túnez y lleva seis días durmiendo al raso, viendo pasar a otros que, como él, piden refugio. «Llegan después, pero les dejan entrar y a mí no», se queja, e insiste en que es «discriminación». Hace un año salió de su país, «enfadado con el Gobierno», y viajó a Marruecos. Logró llegar a Melilla, desde donde lo enviaron a Mérida. Aguantó allí cuatro meses, hasta que se subió a un autobús rumbo a Holanda. Tras pasar por dos campos de refugiados en Ámsterdam, fue deportado y traído de vuelta a Madrid. El 25 de octubre tiene una cita con la Policía. «No sé adónde me mandarán esta vez», se resigna Karim, que ha ejercido como peluquero y taxista, y quiere encontrar un trabajo para, «algún día, volver a Túnez y comprar una casa, con una pizzería debajo».
Cada semana, 150 personas son atendidas por el Samur Social y, en lo que va de año, el número de refugiados casi se ha duplicado, hasta los 35.000. Está por ver si las nuevas 1.350 plazas que habilitará el Ayuntamiento, en cuanto Trabajo dé el visto bueno, atajarán este problema.
abc
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