En medio de una deplorable economía con un treinta y dos por ciento de pobres y en pleno año electoral, el debate en Argentina gira en torno a una confusa guerra de espías. Durante pleno prime time de la televisión se revolean denuncias, escuchas, aprietes, causas y contra causas. Mientras, por los juzgados y las tapas de los diarios circulan políticos, periodistas, comisarios, civiles, agentes de inteligencia, jueces y fiscales.

Imaginen esto como si se tratara de la trama de una serie de acción, con negociados, traiciones, intereses cruzados, giros inesperados. Lo que voy a contarles es apenas el trailer:

♦ Un hombre famoso, que suele presentarse en la tele como 'especialista en narcotráfico' y en la vida como encargado regional de la DEA escribe cosas en un anotador. Se llama Marcelo D'Alessio y está en su casa, rodeado de sofisticadas armas de fuego, legajos y computadoras. Un día abre el WhatsApp y contacta a lo que será su nueva víctima de extorsión: un empresario del campo. Le advierte que están a punto de involucrarlo en una causa sobre corrupción. También le dice que conoce los movimientos de su familia. Pero que no se preocupe, que él puede ofrecerle protección. A cambio, sólo le pide unos cientos de miles de dólares para darle una 'atención' al fiscal que lo va a dejar libre ♦

La secuencia está basada en hechos reales, que constituyen el objeto de investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Más específicamente, analiza la 'existencia de operaciones de inteligencia ilegales, así como de operaciones de espionaje judicial y/o político que se están llevando adelante en la Argentina, en los que se involucra –con o sin su conocimiento– a fiscales, funcionarios e incluso periodistas'.

Quién es quién
En la causa concreta, el acusado de extorsionar es D'Alessio, el fiscal al que se refiere sería Carlos Stornelli (actualmente declarado en rebeldía por no presentarse a declarar y en paralelo a cargo de la causa conocida como 'Los cuadernos de la corrupción') y los empresarios afectados, varios. Todavía no se sabe cuántos: la sospecha es que el procedimiento pudo haber sido sistemático.

Pedro Etchebest, un productor agropecuario, fue el primero en denunciar la extorsión: documentó todo el proceso y entregó a la Justicia un total de 87 archivos digitales (fotos, videos, audios de whatsapp, impresiones de pantalla) mediante los que demuestra que D'Alessio le pedía –en nombre de Stornelli–  300.000 dólares a cambio de ayudarlo con la causa.

Eso dio origen a la investigación, las detenciones preventivas (de D'Alessio, dos ex comisarios y un ex agente de inteligencia), la difusión en medios de comunicación (el primer sitio fue El Cohete a la luna), la presentación del juez Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso Nacional y luego ante la Bicameral de Organismos de Inteligencia.

Antes de seguir, es momento de un nuevo trailer. Esta vez, basado en lo que denuncia otro empresario, ex empleado de PDVSA argentina:

♦ D'Alessio junta información sobre el extorsionado (movimientos migratorios, domicilios, cómo se compone su familia) y lo contacta para decirle que existe una 'precausa' en contra suyo. En el mismo acto le ofrece ayudarlo, si acepta seguir el 'protocolo': dar entrevistas a uno de los diarios más leídos, a dos de los canales más vistos y formular la denuncia ante el fiscal Stornelli. El empresario acepta y D'Alessio lo pasa a buscar con su Range Rover para empezar el raid por Clarín, TN y A2 ♦

En síntesis, queda al descubierto la existencia de una relación promiscua: el poder judicial arma las causas nutriéndose de información que le proveen los servicios de inteligencia. A su vez los medios de comunicacióninstalan en la opinión pública a los supuestos 'culpables'. Después –ya es sabido– quién te quita lo acusado.

Ricardo Ragendorfer, periodista especializado en policiales, llama a esa sinergia 'la triple alianza'. "Es una manipulación de lawfare, algo que se usa en toda la región, prueba de ello es el encarcelamiento de Lula. Es un sistema que debe funcionar perfecto, como el de un reloj. Si uno de los engranajes falla se convierte en una verdadera comedia de enredos", dijo a RT. La falla, en este caso, se manifiesta en D'Alessio.

Capítulos anteriores
Para entender la trama actual, vale repasar episodios más antiguos. La causa que tiene a su cargo el fiscal Stornelli –conocida como 'Los cuadernos de la corrupción'– es en realidad una investigación en base a supuestas anotaciones del ex chofer de un funcionario del gobierno anterior. La hipótesis es que, de puño y letra, el hombre manejaba el auto y a su vez registraba movimientos y reuniones con empresarios. De ese material se concluiría la presuntaexistencia de una asociación ilícita liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que habría recibido coimas a cambio de asignar obras públicas.

Lo interesante es que esa causa se alimentó de los testimonios de supuestos arrepentidos. Y es que desde la ley 27304 de 2016 existe la posibilidad de obtener beneficios procesales a cambio de información (precisa y comprobable) sobre determinados delitos. Varios aprovecharon el mecanismo, parecido a (o copiado de) la famosa 'delación premiada' del Lava Jato brasilero.

Sin embargo, es justamente ese fenómeno el que ahora está en duda. En las pruebas que presentó el empresario agropecuario, se lee cómo el propio D'Alessio relataba ampulosamente sus operativos para 'conseguir arrepentidos' y sus fantasías sobre cómo los entregaría a la Justicia, previo show para los medios. Relata el extorsionador:

"Mi idea es a las  10:30 de la mañana entrar por la explanada, ya van a estar los periodistas, que quiero que filmen la cara de él. Lo voy a bajar yo con dos custodios míos con la camioneta que vos conocés. Y seguramente le voy a poner un chaleco antibala, algo por el estilo, un poquito de circo y lo entro".

Finalmente, aunque menos cinematográficamente, lo que describe D’Alessio efectivamente sucede y lleva a un empresario a declarar.

Entonces la pregunta del millón es cuánto de sistemático hubo en este tipo de maniobras: ¿los empresarios que engrosaron la causa en contra de la ex presidenta declaraban por su cuenta? ¿estaban presionados? ¿pagaban un dinero además de pasear por los medios? ¿decían la verdad?

Cuando allanaron a D'Alessio, encontraron sofisticadas armas de fuego, equipamiento de alta tecnología, legajos con información, chalecos antibalas y hasta placas de la DEA. Pero, ¿quién es verdaderamente?

La embajada de EE.UU. negó a través de la Secretaría de Culto y Relaciones Exteriores de Argentina tener cualquier tipo de relación con él. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina hizo lo mismo. Pero es lógico: nadie reconoce a un espía. Primero, porque se podría desatar un conflicto internacional. Segundo, porque que una agencia admita a un espía sería convertirlo en calabaza: el fin del hechizo.

Año electoral
En octubre hay elecciones presidenciales. Hasta entonces, faltan muchísimos capítulos por suceder. El ritmo de la agenda informativa es frenético: ahora la última denuncia es que el gobierno actual habría literalmente escrito el guión de uno de los que más 'información' en contra de la ex presidenta aportó a la causa conocida como 'la ruta del dinero K'.

Pero sin ir tan lejos, vale poner una pausa –como si quien mira la serie buscara un recreo para entender los personajes– y señalar un detalle inusual. En un país políticamente polarizado sucede algo inusual: diputados y analistas de uno y el otro lado de 'la grieta' (el modo argentino de llamar al desacuerdo) coinciden mínimamente en el diagnóstico de lo que está pasando.

Carlos Pagni, destacado columnista del diario La Nación –que puede ser acusado de cualquier cosa menos de kirchnerista– escribió en su editorial del 18 de marzo: "Hay una contaminación vergonzosa que ofende a la democracia argentina, entre servicios de inteligencia oficiales o clandestinos y la Justicia federal".

Para Gabriela Carpineti, abogada y referente del frente Patria Grande, "el poder judicial es el único de los tres poderes cuyos funcionarios no se eligen a través del voto popular ni existen mecanismos populares para controlarlo". Lo dijo en conversación con RT. Y agregó: "Existe todo un sistema de connivencia entre fiscales, periodistas, abogados, agentes de inteligencia internacionales y locales dedicados a espiar ciudadanos y políticos. Arman causas que recaen siempre en los mismos jueces federales para condicionar a la democracia, a los empresarios, los políticos, los periodistas independientes y las organizaciones sociales". La sensación, concluyó, es de persecución política.

Éramos pocos...
La detención de D'Alessio siguió con la de dos ex comisarios de la Policía Bonaerense (Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi) y un ex empleado de la AFI (Hugo Rolando Barreiro). 

"Una de las grandes deudas que el Estado tiene con su propia historia es la no democratización de los servicios de inteligencia, son un resorte del estado bastante particular, no solamente en Argentina y no solamente en esta época. Pienso que desde fines de siglo 19, en casi todos los países del mundo, de algún modo los servicios de inteligencia son la cloaca del estado", considera Ragendorfer.

Por si quedan dudas, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) depende directamente del poder ejecutivo.

Este organismo en particular empezó a funcionar durante el último año del gobierno anterior, luego de que lanzaran una 'Nueva Doctrina de Inteligencia', modificaran la ley y disolvieran la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado). Uno de los principales cambios que se anunciaron entonces es que sólo podrían mantener carácter reservado los fondos que necesarios específicamente para 'labores de inteligencia'. Los demás, debían ser públicos. Pero el actual presidente a través de un decreto volvió las finanzas al secreto total.

"Hay cierto nivel de desconcierto en la sociedad sobre que quienes llegaron a este momento político de Argentina con una agenda de transparencia, diciendo que había que apostar a la renovación, aparezcan involucrados en prácticas muy complicadas extorsivas o por lo menos avalando ese funcionamiento", dijo a este medio Paula Livachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS)

¿Hay salida?
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia proponen disolver la AFI, prohibirles tareas de inteligencia criminal y mejorar el sistema de control parlamentario, entre otras medidas.

"Hay una cuestión del funcionamiento del propio sistema político en Argentina: está muy naturalizado que el sistema de inteligencia sea un aparato que en forma orgánica o inorgánica trabaje para hacer espionaje político", dijo a este medio Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS

En conversación con este medio, agregó que el poder político democrático está muy condicionado "por una estructura que funciona en las sombras y con mecanismos extorsivos".

No quedan dudas sobre la crisis de legitimidad de uno de los tres poderes de la República. El mismísimo presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, reconoció que "los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial". El periodista Horacio Verbitsky, en conversación con el programa de radio 'La inmensa minoría', describió que en la actualidad argentina "una condena no es prueba de culpabilidad y una absolución no es indicio de inocencia".

Las cosas, entonces, funcionan de otro modo. Pero, ¿de cuál? Si se judicializó la política, ¿querrá decir que la justicia ya estaba politizada? ¿Qué juez investiga, cuál arma operaciones? Los periodistas que formaron parte del circuito extorsivo, ¿fueron cómplices o son víctimas? ¿Cómo se democratiza la justicia, los servicios secretos y los medios de comunicación?

Julia Muriel Dominzain

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