La multa récord de 13.000 millones de euros impuesta a Apple por la Comisión Europea merece apoyo. La causa de la sanción estriba en que la compañía —la primera del mundo por capitalización— se aprovechó abusivamente durante años de las ayudas ilegales de Estado dispensadas por Irlanda. Unas ayudas individualizadas en forma de impuestos societarios cercanos a cero para sus operaciones en Europa, Oriente Próximo, India y África que distorsionan el normal funcionamiento del mercado al perjudicar a sus competidoras, estas sí sujetas a la fiscalidad normal.


El fin mediato es luchar contra la elusión fiscal de las corporaciones, sobre todo multinacionales tecnológicas —las GAFA: Google, Amazon, Facebook y Apple—, algo que también se está persiguiendo en toda la OCDE, tratando de evitar la erosión de sus bases fiscales de tributación mediante la utilización triangular de las normativas estatales más favorables.

Y es que si las mayores (y más rentables) empresas dejan de pagar impuestos o lo hacen solo simbólicamente, el esfuerzo fiscal sorteado corre a cargo de los demás contribuyentes, que ven aumentar su cuota. Y al cabo, ello opera en detrimento de la financiación del Estado de bienestar, y de otras necesidades básicas, como la defensa europea, desatendida por el grueso de los países del continente, como con razón se queja Washington.

Ambos objetivos de este tipo de sanciones, la defensa de la competencia y la universalidad de la recaudación fiscal, son, pues, imprescindibles. Y demuestran que la acusación populista de que la UE —y su brazo ejecutivo, la Comisión— es una construcción neoliberal al servicio del gran capital y de la oligarquía resulta una perfecta sandez. Este expediente a la compañía de la manzana ilustra que sucede exactamente al revés. La política de defensa de la competencia, desarrollada con energía, ejemplifica no el capitalismo desregulado y neoliberal, sino la economía de mercado corregida por reglas de equidad económica, y de positivo efecto social.

Y la cuantía de la multa, cuyo trámite inició el comisario español Joaquín Almunia, desmiente por vía de hecho que la Comisión Juncker —cuyo presidente autorizó en su país de origen, Luxemburgo, antes de su actual cargo, otros acuerdos fiscales individualizados exorbitantes— se muestre genuflexa ante las exigencias de las multinacionales.

O que Europa se humille ante la presión norteamericana. La Casa Blanca ha protestado enfáticamente acusando a Bruselas de practicar una “fiscalidad transnacional” impropia, mediante una “decisión unilateral”. Cuando se trata de una acción apropiada, pues aplica la ley en su territorio, y no como ocurre a veces con el empleo extraterritorial de normas estadounidenses en terceros países.

La paralela queja de Dublín apelando a su soberanía nacional fiscal es asombrosa. No le basta con la fiscalidad societaria más leve y discriminatoria de la Unión: la rebaja hasta el 0,005%. Solo la Unión, y no los nacionalismos de Estado, puede combatir tales dislates. Así que para los asuntos de alcance global se necesita más UE y menos retórica soberanista. ElPais

Etiquetas: