Los episodios de Jodyalí han sido definidos como uno de los hechos de violencia más tenebrosos y oscuros de fines del siglo XX, que es recordado en forma permanente por el pueblo de Azerbaiyán pero también debe ser un hito para todos aquellos que creemos en la integridad territorial de los pueblos, la libre determinación, el respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias, además del respeto a las obligaciones jurídicas internacionales derivadas de aquellos países  que bajo la condición de ocupante beligerante somete a su dominio un territorio que no le pertenece.

El genocidio cometido contra el pueblo azerí, entre el 25 y el 26 de febrero de 1992, se dio en el contexto de la guerra de Nagorno Karabaj. En una trama bélica, de asedio militar, bajo las duras condiciones del invierno, con carestía de agua y luz, las tropas de la República de Armenia, apoyadas por las unidades del regimiento 366 del ejército de la ex Unión Soviética atacaron la localidad de Jodyalí asesinando a cientos de personas. Una asociación criminal que se explica por la aceptación durante el período de la ex Unión Soviética de un proceso de expansión del territorio de Armenia con cambios en su composición demográfica a expensas de Azerbaiyán. Una sovietización que recién en estos últimos años ha tenido trabajos de estudios históricos que dan cuenta de esta situación, que implicó, por ejemplo, el traslado forzoso de decenas de miles de azerbaiyanos.

Es interesante dar cuenta de las declaraciones de actores relevantes de esta guerra de agresión y como ha sumido su responsabilidad en ello. Efectivamente, el 15 de diciembre del año 2000, en una entrevista concedida al periodista británico Thomas de Waal, el presidente en ejercicio de Armenia, Serzh Sargsyan reconoció que su país había desencadenado la guerra contra Azerbaiyán bajo el marco de una lógica de estrategia militar de larga data destinado a ocupar territorio de Azerbaiyán y que su país en plena fase bélica desoyó “abierta  y conscientemente los llamados del Consejo de seguridad de las naciones Unidas para el cese del fuego”.

La negativa de Sargsyan a poner fin a las hostilidades – que como consecuencia trajeron resultados sangrientos y criminales como el de Jodyalí – permite entender la lógica subyacente en las autoridades armenias: “nos embarcamos una vez en una guerra como esta, pero no creo que pudiéramos hacerlo por segunda vez. Sería simplemente imposible. Quizás fuera posible pasado 50 o 100 años. Pero cuando le dices a un soldado que se retire no volverá a combatir. No había ninguna garantía seria. Primero devolvamos los territorio decían y después podremos examinar la situación. Pero ¿por qué deberían examinar la situación? ¿Por qué?. No tenía sentido¨ A confesión de parte relevo de pruebas suele decirse en el ámbito jurídico.

Han pasado 26 años de aquel acto criminal sin que hasta ahora se haya dictado justicia para las víctimas de la masacre de Jodyalí, sus familiares y haya retornado a su seno la región de Nagorno Karabaj que sigue sometida a la ocupación de Armenia. Esto, a pesar de las numerosas resoluciones incumplidas por Armenia emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la Número 822, 853, 874 y 884, todas ellas del año 1993 y que reafirman la soberanía y la integridad territorial de la República Azerbaiyana, la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisicón de territorio. Es fundamental dar cuenta que las Naciones Unidas, tanto en su Consejo de seguridad como en su Asamblea general se refieren a Nagorno Karabaj como “los territorios ocupados de Azerbaiyán”

Esa condición de territorio ocupado  ha sido reconocido, igualmente por la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que agrupa a 57 naciones musulmanas e incluso signando como genocidio los hechos de Jodyalí cuando el año 2010 dictó una resolución de reconocimiento de estos hechos criminales. Y, sobre todo por organismos mencionados como es el caso de las Naciones Unidas que a través de una serie de documentos permiten avalar la justeza de las reclamaciones de Azerbaiyán respecto, no sólo a exigir justicia por los hechos de Jodyalí, sino que a exigir la restitución del territorio de Nagorno Karabaj. Súmese a la preocupación de la OCI, de las naciones unidas el hecho que la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, la OTAN, el Movimiento de Países No Alineados, el parlamento Europeo han aprobado documentos como lo señalados  expresando posiciones similares a las esgrimidas por la ONU.

En un interesante trabajo llevado a cabo por el profesor Paulo Botta del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de La Plata, Argentina, este académico da cuenta, en una recopilación de documentos de la Organización de Naciones Unidas sobre el desarrollo del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Así, estos documentos consignan conceptos y elementos fundamentales en el campo de derecho internacional. Entre ellos las consecuencias jurídicas de la agresión de Armenia contra la república de Azerbaiyán desarrollando el principio de la legítima defensa, al amparo del Artículo N° 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El estudiar los antecedentes del conflicto, los actos de guerra cometidos, por ejemplo, el de Jodyalí permite también signar la responsabilidad jurídica de los actores involucrados en violaciones del derecho internacional. El estudio de Botta nos adentra en el principio fundamental de la integridad territorial de los estados y el derecho a la libre determinación – ello en el marco de la reivindicaciones erróneas de Armenia en torno a Nagorno Karabaj – y que la hacen sustentar tesis y supuestos derechos absolutamente reñidos con la legislación internacional, como ha sido establecido en amplia jurisprudencia y resoluciones de las propias Naciones Unidas.

Sumemos a lo señalado la necesidad de tener en cuenta a la hora de analizar el conflicto y los crímenes como el de Jodyali cometidos en el, lo que se enmarca en “las obligaciones jurídicas internacionales de Armenia en su condición de ocupante beligerante de territorios de Azerbaiyán y que involucra convenios internacionales como el de Ginebra y el de La Haya).

Adentrarse en el estudio de la amplísima documentación internacional que existe respecto a la agresión armenia contra Azerbaiyán también nos involucra como sociedad internacional en aspectos centrales de cualquier conflicto internacional, sea esta una guerra entre Estados, la agresión de una potencia ocupante, los procesos de colonización de territorios entre otros. Y este aspecto refiere al respeto irrestricto con relación a los derechos humanos y las consecuencias para la población – en este caso de Azerbaiyán – que han tenido las operaciones militares perpetradas en su territorio, como son las que recordamos este 25 y 26 de febrero del año 2018, tras 26 años de la masacre de Jodyalí.

Un genocidio que no sólo tiene consecuencias inmediatas como fue la muerte de 613 personas, sino los efectos derivados de una ocupación ilegal. A saber: las personas obligadas a desplazarse como consecuencia de este conflicto y cuyas consecuencias se viven hasta el día de hoy, la nula reparación a las víctimas, el proceso de ocupación y consolidación de conductas reñidas con el derecho internacional como es la colonización de territorios.

En el artículo 49, párrafo 6, del Cuarto Convenio de Ginebra se establece que “la potencia ocupante  no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte  de su propia población civil al territorio por ella ocupado”. Tal hecho se considera una situación grave y hasta un crimen de guerra, tomando en cuenta que Armenia controla un 20% del territorio de Azerbaiyán  - Nagorno Karabaj y seis provincias aledañas -  generando un gran número de desplazados azerbaiyanos que no pueden regresar a sus hogares. Este desplazamiento discriminatorio, como se denomina en la ley internacional ha despoblado de azerbaiyanos Nagorno Karabaj, sirviendo de argumento para que las autoridades de Armenia señalen que la gran mayoría de la población de ese territorio es de origen armenio.

La Intensificación de demandas territoriales no ajustadas a la historia ni al respeto a la legislación internacional. “Unido – según expresa Botta - a la escasa o nula voluntad de algunos sujetos de derecho internacional por hacer frente a sus responsabilidades libremente aceptadas como miembros de la comunidad internacional” han generado un status quo entre Armenia y Azerbaiyán que no puede seguir aceptándose. El respeto al derecho internacional debe obligar a Armenia a devolver los territorios usurpados, como también que se haga justicia respecto a crímenes como los cometidos en Jodyali que seguirá siendo una herida abierta en la conciencia del mundo.

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