"La homofobia es un crimen. La homofobia mata. Mata no solo a las personas LGBT. Mata a las madres, a los padres, a las familias y amigos. Todos sufrimos". Habla Sonia Da Silva Martins, que tiene una hija, Alexandra, de 35 años, y es homosexual. Con un pañuelo rosa cubriendo su cabeza para protegerse de un sol abrasador, Sonia, jubilada del Banco Central de Brasil, espera frente al edificio del Supremo Tribunal Federal (STF), donde estos días se debaten dos procesos para criminalizar la homofobia y transfobia en Brasil. 

Esta mujer, que hizo de la militancia de su hija la suya propia, lleva 19 años luchando por los derechos de la comunidad LGTB. Su activismo no pasa desapercibido para nadie y hoy no está sola. Ante el STF le acompañan amigos y representantes de organizaciones LGTB reunidos en un intento de mostrar su fuerza. "Tenemos que ser tratados todos por igual y tengo la esperanza de que el STF criminalizará la homofobia", comenta Sonia.

Junto a ella, Rodrigo, Monica, Eduardo, Isabella, entre otros, también se muestran esperanzados. "He vivido varios casos de homofobia. No he sido atendido en bares junto a grupos de amigos LGBT y también me han escupido en la calle e insultado solo por ser como soy. Es complicado", cuenta tímidamente, Eduardo de Paula, de 22 años, estudiante y homosexual. 

Mientras en Brasil está permitido el matrimonio homosexual y cambiar de nombre o sexo en el registro civil, el gigante latinoamericano es considerado el "campeón mundial de crímenes contra las minorías sexuales". Los datos lo confirman. Tan solo en 2018, se registraron 420 asesinatos de homosexuales, según un informe publicado por el Grupo Gay de Bahía, que añade que "cada 20 horas una persona muere de forma violenta víctima de 'LGBTfobia'".

La última víctima mortal, Samira Moreno, transexual de 25 años, fue apuñalada el sábado pasado en un bar en el municipio de Sorocaba, en la región de Sao Paulo. Según datos de la ONG Transrespect, los asesinatos de personas trans en Brasil son especialmente preocupantes. De 2008 a 2016 , hubo 900 asesinatos de trans en este país, casi la mitad de los 2.264 registrados en todo el mundo.

#EsCrimenSí
"Históricamente Brasil es uno de los países más peligrosos en el mundo para las personas LGBT y no hay mecanismos oficiales para monitorear ese tipo de violencia", comenta a RT Leandro Ramos, director de programas de All Out, organización internacional que lucha por los derechos LGTB.

La organización puso en marcha en Brasil una campaña de presión en noviembre, la fecha inicial en la que el STF debía votar sobre los citados proyectos de criminalización de la homofobia, pero la sesión fue pospuesta en dos ocasiones. Hace unas semanas, All Out lanzó otra iniciativa para que con el 'hashtag' #ÉCrimeSim (#EsCrimenSí), la gente fuera mandando historias que hubiesen vivido o presenciado contra personas LGTB. En la página web se pueden leer muchos de los relatos. 

"En 24 horas nos llegaron 600 historias. Lo que te da una idea del tamaño del problema y también demuestra cómo la violencia contra las personas LGBT está absolutamente en todos los espacios de nuestra vida. Caminando por la calle, en la familia, en una entrevista de empleo o yendo a la escuela", subraya Ramos.

Para este activista, si el STF llega a aprobar la criminalización de la homofobia "tendría un impacto real y concreto en la vida de miles de personas LGTB en el país". 

¿Qué se pide exactamente?
Los dos procesos, que tras los anteriores recesos, comenzaron a ser debatidos la semana pasada, fueron presentados por la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) y el Partido Popular Socialista (PPS) en 2012 y 2013, respectivamente. Piden que el Supremo decida sobre:

Si el Congreso tiene la obligación constitucional de aprobar una ley que criminalice la discriminación contra las personas LGTB.
Si se incluye o no la identidad de género y orientación sexual dentro de la legislación existente contra la discriminación por raza, color, etnia, religión o nacionalidad. 
Si el Estado es responsable o no de indemnizar a las víctimas por discriminación, a la espera de una ley que proteja a las personas LGBT.
Ante la crispación que han provocado los procesos, el presidente del STF, Dias Toffoli, defendió el diálogo y la armonía entre los tres poderes, y la semana pasada mantuvo reuniones con parlamentarios evangélicos que piden retirarlos y con diputados como Maria do Rosario o David Miranda que sí desean que salgan adelante.

El presidente del Gobierno, Jair Bolsonaro, conocido por sus posiciona homófobas y que en una ocasión dijo que prefería un hijo muerto a que fuese homosexual, se mostró contrario.

Nuevo gobierno
La comunidad LGTB se enfrenta actualmente a un Congreso de mayoría conservadora, con la presencia de una poderosa bancada evangélica, y a un Gobierno en cuya hoja de ruta está rescatar la religión, la moral o los valores tradicionales y de la familia. También luchar contra la denominada "ideología de género" en las escuelas.

"Tenemos a un presidente que dice que prefiere un hijo muerto a que sea gay o que si ve a una pareja homosexual en la calle le pegaría con sus propias manos. Cuando este tipo de discurso llega a la Presidencia de un país, se legitima el odio de alguna forma", afirma Ramos.

"No sabemos que puede pasar –comenta– la situación puede empeorar y otra formas de ataque pueden venir desde la nueva Administración pero, por el momento, legitimar la violencia y los discursos de odio son una de las principales y más peligrosas consecuencias del nuevo Gobierno".

A finales de enero, el diputado homosexual brasileño Jean Wyllys, de 44 años, y acérrimo oponente de Bolsonaro, renunció a su escaño y se fue del país por las amenazas que sufría desde hacía meses. 

En una entrevista a la Folha de S.Paulo, Wyllys aseguró que su decisión no estaba relacionada con la llegada al poder de Bolsonaro, sino por el "aumento de la violencia tras su elección". Wyllys dijo sentirse "asustado" por la forma en la que la violencia contra la comunidad LGTB había crecido. 

El miércoles, el STF volverá a retomar el asunto."Tenemos un gobierno de extrema derecha y debemos ser más fuertes. Nuestras vidas importan y no vamos a desistir de luchar por ellas", asevera con firmeza Rodrigo Mavinier, de 24 años, mientras ondea la bandera gay cerca de la Dama de la Justicia, la escultura de una mujer que preside el STF y cuyos ojos vendados simbolizan la imparcialidad de esta institución. 

Marta Miera

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