El Ayuntamiento de Olot se ha apresurado a contestar negativamente a la solicitud para celebrar una corrida de toros en su plaza. La Fundación Toro de Lidia, con su presidente Victorino Martín a la cabeza, junto con la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, la peña de la Garrotxa, los ganaderos de bravo de las Tierras del Ebro, la Escuela Taurina catalana y el diestro olotí Abel Robles pidieron formalmente en enero ante el registro municipal la autorización para organizar un festejo taurino, basándose en todos los preceptos legales que así lo permiten.

El Ayuntamiento ha dicho que no, y entre sus argumentos hace valer que Olot se declaró antitaurina a comienzos del presente siglo, que el Parlament abolió las corridas de toros en 2010 y que en 2016 una consulta popular le permitió prohibir los tradicionales correbous. Lo de cumplir la ley no parece que esté entre sus propósitos, una vez que la prohibición de la Cámara autonómica fue tumbada por el Constitucional, y la Tauromaquia, por ley, debe ser protegida por las distintas administraciones.

Consulta

Dando por hecho que todo eso se lo saltan a la torera, habría que detenerse en la consulta que en junio de 2016 dio base para suprimir de las fiestas la suelta de vaquillas. Se convocó a los más de veinticinco mil habitantes. Participaron apenas cinco mil, y de ellos, tres mil dijeron sí a la prohibición. Ojo, tres mil de más de vienticinco mil, un 12 por ciento de la población. Claro que si uno lee las soflamas municipales de entonces, resulta que el 60 por ciento de los ciudadanos de Olot votaron contra la tauromaquia. Un 60 por ciento de los que votaron, apenas cinco mil. Pues aquel resultado, profundamente democrático, le sirve ahora al alcalde convergente para dar una larga cambiada a leyes de mayor rango.

No le va a ser complicado a la Fundación Toro de Lidia rebatir los argumentos del Ayuntamiento, porque la guerra por la vuelta de los toros a Cataluña no ha terminado.

Abc

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