El problema es que la mayoría no los tratan, denuncia la Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB). “Y eso supone, en el mejor de los casos, un estancamiento de la situación y un gran riesgo de cronificación, aunque no empeore”, señala Sara Bujalance, presidenta de la ACAB.

Las familias que cada año acuden a la asociación tienen un relato parecido. Tardaron en que el pediatra identificara el problema, derivaron a su hija (pocas veces hijo) al CSMIJ o al CSMA, según la edad, y allí iniciaron un tratamiento basado en visitas cada mes y medio en las que a veces veían a un psiquiatra, a veces a un psicólogo y gran parte de los 20 minutos se pasaban en el control del peso y de las constantes. “Claramente insuficiente, una frecuencia excesivamente baja centrada en el peso y poco en los aspectos psicológicos y psicosociales. Y con la familia al margen. Rara vez con consejo alimenticio”, resume Bujalance.

Para el departamento de Salut, que decidió en el 2017 un desembolso extra notable (70 millones) para mejorar la red de salud mental, las familias tienen razón, reconoce la responsable de este área, Cristina Molina. Los esfuerzos se han centrado en tener buenas unidades especializadas en los hospitales y que estuvieran en todos los territorios. Y ahora hay una red envidiable, aunque muy concentradas en Barcelona.

Pero para la mitad de las enfermas, las leves, la oferta pública no funciona, “y la mitad de las familias que acuden a nosotros acaban en centros privados. La mayoría, por edad, son estudiantes, y tienen seguro escolar. Este cubre hasta el 80% de un gasto, a veces imposible de asumir para una familia entre los 14 y los 28 años”.

Este seguro cubre estos tratamientos durante tres años. Algo parecido pasa con las mutuas privadas, que establecen un límite de consultas y de tiempo de ingreso. “Pero los tratamientos son más largos, entre 4 y 5 años”, señalan en ACAB.

El efecto protector del seguro escolar, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no del sistema sanitario, ha permitido a la vez el progreso de la oferta privada de calidad, aunque también de otros servicios con resultados nada conocidos.

Cuando esta ayuda se acaba, las familias vuelven al sistema que aún se ofrece en los centros ambulatorios de salud mental y su insuficiente oferta de terapia. Una parte de los equipos, por falta de profesionales expertos en el tema, deriva a la paciente a la unidad hospitalaria. Otros la acogen y ofrecen su escasez. De promedio citan 7 veces al año. Y solo en una tercera parte de los casos se incluye a las familias en el tratamiento. “Claramente insuficiente”, reconoce una psiquiatra de un equipo público de la Catalunya central que prefiere ocultar su nombre. “Nosotros suplimos esa carencia organizando la terapia a base de turnar las citas: una la da el psicólogo, otro el psiquiatra, otra la enfermera especializada, así el seguimiento es más frecuente”.

Salut está preparando actualmente la nueva cartera de servicios para estos trastornos en su fase leve y pretende centrarse en tres aspectos que pueden cambiar esta situación: “Aumentar la frecuencia de las sesiones. Que cada centro donde se atiendan problemas de salud mental cuente con un referente experto en estos trastornos, sea psiquiatra o psicólogo, pero siempre alguien experto que conozca bien este terreno. Y mucha mejor coordinación entre los distintos proveedores del sistema. Ahora cada uno va por su lado”, explica José Soriano, responsable de los TCA en Sant Pau, que asesora al departamento en esta tarea.

Las carencias actuales, señala ACAB, tienen como consecuencia el baile de las pacientes de un lado a otro y una evolución menos favorable y con más recaídas que en el 35% atendido en la privada.

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