"El estado de emergencia en vigor en Turquía desde el intento de golpe de Estado de 2016 es un paso bienvenido", indicó un portavoz de Mogherini en un comunicado.

Añadió, sin embargo, que la adopción de nuevas propuestas legislativas conceden "poderes extraordinarios" a las autoridades y conservan "muchos elementos restrictivos" del Estado de emergencia, lo que "apagaría" cualquier efecto positivo de su determinación.

Mogherini confió en que Turquía ponga en práctica "las recomendaciones claves" del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y otras instituciones relevantes, así como respetar la división de poderes entre "el ejecutivo y el judicial".

"Esperamos que Turquía revierta todas las medidas que siguen teniendo un impacto negativo en el Estado de derecho, la independencia del poder judicial y las libertades fundamentales que están en el corazón de cualquier estado democrático", añadió Mogherini.

Se refirió en especial a la libertad de expresión y de asociación y a los derechos de procedimiento.

Al amparo del estado de emergencia, que ha permitido a las autoridades emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales e imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos, Turquía ha suspendido la vigencia en su territorio de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En este sentido, desea que las derogaciones de Turquía de sus obligaciones conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos "cesen" con el levantamiento del estado de emergencia.

"Unas mejoras concretas y duraderas en el área del Estado de derecho y las libertades fundamentales siguen siendo esenciales para las perspectivas de las relaciones UE-Turquía", concluyó Mogherini.

En vigor desde el 20 de julio de 2016, el Estado de excepción ha sido prorrogado siete veces desde entonces, gracias a la mayoría parlamentaria del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002.

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