"El Senado de la República Oriental del Uruguay expresa su enérgica condena a todos los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos, alentando a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes", dice la resolución presentada por legisladores oficialistas y opositores y aprobada por unanimidad.

Este 18 de julio se cumplen tres meses del inicio de las manifestaciones contrarias al Gobierno de Daniel Ortega en las que han muerto más de 300 personas.

El Senado uruguayo reclamó a las autoridades del país centroamericano el "cese inmediato de la violencia contra el pueblo nicaragüense".

La declaración "insta al gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen de buena fe en el Diálogo Nacional (…) y expresa que la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenaza o violencia, es la mejor garantía de estabilidad democrática".

El senador del gobernante Frente Amplio (izquierda) y expresidente José Mujica (2010-2015) dijo en la sesión que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, deben darse cuenta que tienen que dar un paso al costado.

"Siento que algo que fue un sueño, se desvía, cae en autocracia. Entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy", dijo Mujica, él mismo un exguerrillero, en referencia al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, que en los años 70 protagonizó una gesta revolucionaria que puso fin a la dictadura de la familia Somoza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó la semana pasada que 264 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que las muertes llegan a 351.

El Gobierno de Nicaragua niega la existencia de grupos de choque oficialistas que provoquen violencia, como arguye la oposición, y sostiene que las protestas en realidad son promovidas por grupos "terroristas" que promueven un "golpe suave" contra Ortega.

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