Este 18 de julio se cumplen 24 años de aquella tragedia, en la que una camioneta cargada con explosivos estalló y causó el derrumbe de la sede de la AMIA en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, dejando 85 muertos y 300 heridos.

La tragedia representó el mayor ataque a la comunidad judía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los actos de memoria y homenaje que se desarrollarán durante esta jornada no contarán con la presencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), enfrentada con la asociación de familiares de las víctimas Memoria Activa por negarse a acusar a su propio exdirigente, Rubén Beraja, en la causa por encubrimiento.

Dicha causa fue iniciada al descubrirse graves irregularidades en el caso original, lo que llevó a la Justicia en 2004 a absolver a los 22 acusados, principalmente policías, y a abrir una nueva investigación.

En 2015 se inició el segundo juicio, que tiene en el banquillo a nada menos que el presidente argentino durante el atentado, Carlos Menem, a su ministro del Interior, al exjefe de las fuerzas de inteligencia, a un excomisario y al propio exjuez de la causa, Juan José Galeano, además de Beraja.

"La sospecha por encubrimiento gira alrededor del pago de 400.000 dólares realizado por las autoridades a Carlos Telleldín, quien entregó la camioneta usada como coche-bomba y en su momento habría sido 'comprado' para involucrar a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires en una maniobra que formó parte del enfrentamiento entre Menem y el entonces gobernador, Eduardo Duhalde", explicó a Sputnik Raúl Kollmann, periodista del diario Página 12 y que ha seguido de cerca la causa AMIA desde sus inicios.

Mientras tanto, el Gobierno actual es acusado por organizaciones como la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), liderada por Laura Ginsberg, viuda de una de las víctimas, de no querer avanzar en la causa por encubrimiento y desestimar el rol de los involucrados.

Además se le acusa de quitarle la investigación del caso a los fiscales, parte del Poder Judicial, para ponerla en manos del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, liderado por Germán Garavano.

En lo que va de 2018, los abogados del Gobierno renunciaron alegando presiones del Ministerio para no profundizar en las acusaciones y se exculpó a los fiscales de la causa original. También el Estado pidió menores penas para los acusados y se desarticuló la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

Mario Cimadevilla, hasta entonces titular de este equipo de investigación, denunció penalmente a Garavano y otros funcionario por encubrimiento y otros delitos.

Sputnik

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