Entre la batería de ideas, cambios importantes en el Código de Dublín, que regula qué país tiene que tramitar las peticiones de asilo. Un mecanismo de emergencia que se activaría ante una cantidad "desproporcionada" de las peticiones y la posibilidad de que un país pueda permanecer al margen del sistema de distribución y relocalización de refugiados, pero a un coste prohibitivo: 250.000 euros por cada demandante que deba buscar residencia en otro lugar.
El Código de Dublín está condenado. Las reglas actuales dicen que la tramitación de una petición de asilo debe hacerse en el país de llegada del demandante. Pero en la práctica ha quedado probado que Italia, pero sobre todo Grecia, son incapaces de hacer frente a decenas o cientos de miles de peticiones, por lo que urge un cambio.
La propuesta de Bruselas se sostiene sobre la misma idea de que el país de llegada de un inmigrante irregular debe ser el encargado de gestionar la petición de asilo. Pero con un "mecanismo correctivo" que se activaría "de forma automática" en circunstancias de emergencia. La idea es simple. Hace un año la Comisión Europea propuso una fórmula que tenía en cuenta el PIB (40%), la población (40%), la tasa de pro (10%) y los esfuerzos previos (10%) para determinar qué porcentaje del total de demandantes le correspondía aceptar a cada país. Ahora, para este mecanismo, lo simplifica, lo que provocará la ira de países como España: sólo dos criterios, población y tamaño de la economía, al 50% cada uno. Eso servirá para fijar una cantidad relativa que cada país debe asumir.
Cuando un país, como Grecia, llegue al 150% de su cantidad máxima, el "mecanismo automático" se activaría y las solicitudes deberían ser procesadas por un tercer Estado Miembro, con la ayuda y coordinación de la EASO, la oficina europea de asilo, cuyo mandato, presupuesto y personal debería aumentar.
"Contribución solidaria"
Los países podrán pedir permanecer al margen durante 12 meses de este sistema, pero a cambio tendrán que hacer una "contribución solidaria", o una penalización, de 250.000 euros por cada demandante que sea aceptado por otro estado miembro. La Comisión no quiere definirlo como multa, puesto que el dinero iría para el país que se encargara de la gestión. La propuesta europea también contempla otra novedad: los demandantes de asilo se arriesgan a sanciones y castigos también si no cumplen el protocolo. El documento aprobado por el Colegio de Comisarios indica específicamente que la petición de asilo se deberá hacer en el país de entrada en la UE, y no en el que se prefiera. "No tienen derecho a elegir", se dice, y si este principio no se respeta su caso se estudiará "de forma acelerada", que es una forma de decir más sumaria y que podría conducir a un rechazo. Igualmente, los demandantes de asilo que lo hagan de forma irregular se enfrentarán a la posibilidad de perder derechos y ayudas, que salo el caso de la sanitaria de emergencia quedarían suspendidos salvo en el país que legalmente les corresponde. Según datos de la Comisión, en 2014 el 24% de los que pidieron asilo lo habían hecho ya con anterioridad en otro país, una doble petición irregular.
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