En declaraciones a la radioemisora Onda Cero, Borrell se refirió así a la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que la víspera condenó al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo.
Es la primera vez que un tribunal nacional reprueba a un país europeo por contravenir sus compromisos en esta materia, y en este caso la denuncia va dirigida contra el anterior gobierno conservador de Mariano Rajoy, defenestrado el 1 de junio.
En septiembre de 2015, en plena crisis migratoria, los miembros de la UE acordaron distribuirse en dos años 160 mil solicitantes de asilo llegados a las costas griegas e italianas, las más afectadas por la entrada de migrantes irregulares en Europa.
La mayoría de los integrantes del bloque comunitario, entre ellos España, se quedaron muy lejos de sus obligaciones, y una parte de esos inmigrantes se marcharon de Grecia e Italia sin ser reubicados en otras naciones.
Para Borrell, la resolución del Supremo demuestra que 'los compromisos que adopta un país no son humo, que van en serio, como si firmara un contrato y que los tribunales reconocen la existencia de esa obligación'.
Sin embargo, aludió a la postura adoptada por otros socios del club comunitario en los que, enfatizó, 'no parece que ningún tribunal les va a recordar esa obligación'.
'Es curioso que España, que ha cumplido poco, pero cumplió algo, sea objeto de una sentencia frente a países del este (de Europa) que se negaron a cumplir el acuerdo que imponía esa obligación y campan a sus anchas sin que nadie les reproche nada', contrapuso el canciller.
La sentencia del TS obliga a Madrid a continuar la tramitación del cupo de refugiados que fue asignado por las autoridades europeas, del que apenas se cumplió un 12,85 por ciento.
El Consejo Europeo asignó a España la acogida de 19 mil 449 personas procedentes de los citados estados hasta septiembre de 2017.
Según el fallo judicial, la supuesta existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales responsabilidades, esgrimida por el entonces ejecutivo de Rajoy a modo de defensa, 'no puede constituir causa de exención de las mismas'.
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