Análisis que dirige el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, que investiga el caso de los líderes independentistas, acusados de rebelión y malversación, y uso indebido de dinero público, confirman que la cantidad de dinero utilizado es muy superior a los 2.1 millones de euros que anteriormente la Justicia creía que los líderes independentistas habían destinado a la independencia de esta región del noreste de España.
Los informes a los que ha tenido acceso Llarena en las últimas semanas probarían que los 14 exmiembros del Govern del cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los integrantes de la antigua Mesa del Parlament y otros diputados catalanes habían estado involucrados en la malversación de fondos públicos.
El juez fijó el pasado 21 de marzo la fianza de 2.1 millones cuando dictó el auto de procesamiento, no obstante, como las investigaciones no han cesado, él podría acordar aumentar esa cantidad debido a los últimos informes.
La megaoperación para investigar el presunto desvío de fondos se inició el 24 del pasado mayo en Cataluña, con el fin de pesquisar el desvío de unos 10 millones de euros de subvenciones destinados a proyectos de cooperación para estados en desarrollo, pero que finalmente se habrían utilizado para financiar el ilegal proceso secesionista, cuyo referendo fue celebrado el 1 octubre de 2017 en Cataluña.
Los estudios se realizan en momentos de alta tensión entre la Generalitat y el Gobierno central de Madrid. Mientras que el nuevo presidente catalán, Quim Torra, pretende formar un Govern con dirigentes que se encuentran encarcelados o fuera del país.
La autonomía se intervino en octubre de 2017 mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la declaración unilateral de independencia de Cataluña, lo que cesó a Puigdemont, que se encuentra en Alemania en espera de que la Justicia germana decidiera sobre su entrega a España.
HispanTV.es
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