El pasado 22 de junio Argentina recibió los primeros 15.000 millones de dólares pautados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —el préstamo total será de 50.000 millones— luego de que la negociación entre el Gobierno de Mauricio Macri y aquella entidad financiera quedara cerrada y aprobada por el Directorio Ejecutivo del mismo organismo. Sin embargo, el acuerdo nunca fue debatido en el Parlamento de ese país y muchos detractores sostienen que el giro del dinero, y sobre todo las condiciones impuestas, son ilegales. ¿En qué se basan?

En primer lugar, quienes rechazan la nueva deuda tomada con el Fondo argumentan que el convenio finalizará en 2021, pero el mandato del actual presidente terminaría a fines del 2019, a menos que sea reelegido en las próximas elecciones presidenciales. "El tiempo de vigencia del acuerdo excede por año y medio al mandato de Macri, por lo que debe ser ratificado en el Congreso. Si este acuerdo no se discute en el Parlamento, sería ilegal e inconstitucional", considera el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, según publicó Parlamentario.   

"Todos los Estados emiten deuda, dentro de los límites fijados por el Congreso. Pero si cada operación individual fuera sometida al Parlamento, no se podría emitir".Eduardo Amadeo, diputado nacional de Cambiemos, el partido gobernante.

Su fuerza política, el sector del peronismo —Partido Justicialista (PJ)— más ligado a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, plantea esta negativa en el Congreso argentino junto con algunos legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), aunque esa alianza tenga muchas crispaciones con la Administración anterior. En efecto, el 19 de junio los opositores trataron de impulsar una sesión en la Cámara de Diputados para que el acuerdo con el FMI sea analizado por el Parlamento de aquel país sudamericano.

Sin embargo, de los 257 representantes políticos que ocupan bancas en el recinto, solo asistieron 68; no se obtuvo el 'quórum' necesario, que establece un mínimo de 129 legisladores para desarrollar las tareas representativas, y la negociación con el Fondo nunca se debatió a nivel legislativo. Las alianzas entre Cambiemos —partido gobernante— y las fuerzas peronistas distanciadas de Kirchner, como el Frente Renovador (FR) y Argentina Federal (AF), fueron fundamentales para frustrar el intento, además de otros partidos pequeños que se ausentaron. Para los frentes aliados al oficialismo es más fácil negar el debate que votar a favor de la deuda con el FMI y afrontar su costo político.

A su vez, más allá de aspectos ideológicos, económicos y sociales, vale mencionar que la Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 75 que una de las atribuciones del Congreso local es "contraer empréstitos sobre el crédito de la nación" y "arreglar el pago de la deuda interior y exterior". Aunque cada norma siempre queda sujeta a la interpretación de un juez, son varias las voces que plantean la inconstitucionalidad en el financiamiento del FMI por saltearse la aprobación previa del Parlamento. 

"No hay ningún artículo que diga que es ilegal"
Para el diputado oficialista Eduardo Amadeo, la interpretación del artículo ya citado "está mal planteada", y agrega: "No hay ningún caso o antecedente en el que un acuerdo con el FMI haya pasado primeramente por el Congreso". Asimismo, critica a la oposición: "Hay que preguntarle a los kirchenristas —que gobernaron desde 2003 hasta 2015— qué pasó con los acuerdos que firmaron en su Administración, de endeudamiento y desendeudamiento". Sin embargo, en el 2005 sí se debatió en aquel establecimiento el desendeudamiento con el Fondo, publicó La Naciónhace más de 12 años, y obtuvo la aprobación de ambas cámaras, según comunicó Clarín en 2005.  

"Podríamos hacer una presentación judicial planteando la inconstitucionalidad, pero lo fundamental es la lucha de los trabajadores y el pueblo, la única que puede llevar adelante el reclamo contra el acuerdo".Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
En esa misma línea, el economista de Cambiemos asegura que "no hay ningún artículo que diga que el trato es ilegal". Sobre ello, explica que "la deuda del Estado figura en el presupuesto y eso se somete al Congreso, nada más", y puntualiza: "Los modos de la deuda son un tema del Ejecutivo".

A su vez, Amadeo comenta que "hay varios diputados que están pidiendo que el Poder Ejecutivo tenga que ir al Congreso cada vez que emita deuda, lo cual sería la quiebra del Estado". Y suma: "Todos los Estados emiten deuda, dentro de los límites fijados por el Congreso. Pero si cada operación individual fuera sometida al Parlamento, no se podría emitir".

Al finalizar, ironiza: "Les pregunto a los kirchneristas qué pasó con la deuda que tomaron con Chávez, por ejemplo, ni nos preguntaron". Y cierra su idea: "La respuesta es no, el acuerdo no es ilegal, por razones jurídicas, económicas e históricas".

"Se va a lograr voltear el acuerdo si hay una movilización muy fuerte"
Por su parte, el diputado de la izquierda local y ex candidato a presidente, Nicolás del Caño, expresa: "Podríamos hacer una presentación judicial planteando la inconstitucionalidad, pero lo fundamental es la lucha de los trabajadores y el pueblo, la única que puede llevar adelante el reclamo contra el acuerdo". Asimismo, el político opina que en caso de seguir adelante con el financiamiento del Fondo, ello implicaría "una consecuencia para la generación actual y las futuras, hipotecando el país". Además, resalta que "el Gobierno no quiere pasar el acuerdo por el Congreso".

Por otro lado, el legislador del FIT exige "una consulta popular, para que sea el pueblo el que decida". Pero va todavía más lejos: "Se va a lograr voltear el acuerdo si hay una movilización muy fuerte". Sobre ese punto, el dirigente propone "paros escalonados —huelgas— de 36 horas, con movilizaciones y millones en las calles para derrotar esta política". A su vez, del Caño suma consideraciones sobre el pacto con el FMI: "Va a perjudicar al conjunto del pueblo trabajador, va a aplicar un ajuste mucho más severo y por eso lo rechazamos de plano".

Para concluir la entrevista, destaca: "La disposición a la pelea está, pero las conducciones sindicales convocan a medidas parciales, como el paro del día lunes, que fue enorme, pero sin continuidad ni un plan de lucha serio". Y critica: "Fue una medida aislada para que los dirigentes digan que hicieron algo".

Leandro Lutzky   

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