"Amnistía Internacional tiene pruebas de que desde el 25 de agosto de 2017 se cometieron nueve de los 11 crímenes de lesa humanidad que figuran en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluido el asesinato, la tortura, la deportación o el traslado forzoso, la violación y otros actos de violencia sexual, persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos, como hacer padecer hambre a la población", dice la ONG en un informe.

La responsabilidad de estos crímenes, según AI, "llega hasta las más altas jerarquías del ejército", incluido el comandante en jefe, general Min Aung Hlaing.

La ONG basa sus conclusiones en más de 400 entrevistas realizadas entre septiembre de 2017 y junio de 2018, durante cuatro visitas a los campos de refugiados en de Bangladés y tres visitas a Birmania, una de ellas al estado de Rakáin.

"El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir inmediatamente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI), para que su fiscalía comience a investigar los crímenes en aplicación del Estatuto de Roma", señala Amnistía Internacional.

Esta investigación, añade, debe remontarse al menos a 2011 y abarcar los crímenes cometidos en todo el país, pues "el ejército ha perpetrado crímenes de derecho internacional en otros lugares, incluidos los estados de Kachin y Shan del Norte".

Los organismos regionales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) "deben enviar un mensaje claro, de las atrocidades del ejército tendrán consecuencias, e imponer sanciones económicas selectivas a los altos cargos implicados en crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos", insta AI.

Todos los Estados, agrega el informe, deben apoyar un embargo global de armas a Birmania impuesto por la ONU y suspender de inmediato toda cooperación y asistencia militar al país, incluida la venta y la transferencia directa o indirecta de armas y municiones.

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