Los panameños exigen una profunda investigación a lo interno de la Asamblea Nacional (AN), para determinar el monto y la forma en que han sido utilizados los dineros públicos a través de planillas estatales. Sin embargo, la política de no agresión entre órganos del Estado se convierte en obstáculo nuevamente.
Después de la examinación de más de un millón 400 mil documentos y un audito en gestiones superior a los 319 millones de dólares, la Contraloría General determinó el modo en que diputados de la nación utilizaron fondos públicos, consignándolos a distintos municipios en todo el país.
La inscripción de las llamadas “botellas” y manutención de supuestos activistas políticos con fondos públicos también fue revelada por el funcionario estatal.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó la denuncia presentada por el contralor Humbert, tras el impedimento para la realización de auditorías a lo interno del parlamento panameño, situación que fue brevemente interpretada como una política de no agresión entre ambos órganos del Estado.
7 votos a favor, una abstención y un voto en contra avalaron la decisión de los magistrados de la Corte, sustentando a una esquiva Asamblea en sus intentos por evitar la profundización de las pesquisas.
La sociedad exige una auditoria extensa y que los nombres de las personas beneficiadas por las autoridades se hagan públicos, además de recibir sanciones ejemplares.
HispanTV.es
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