El presidente de Guatemala y representante del Ejecutivo, Jimmy Morales, el presidente del Congreso de la República, Alvaro Arzú Escobar, y jueces dentro del organismo judicial han sido señalados de actuar en detrimento de la sociedad guatemalteca, la persona que debiese trabajar por la unidad nacional, confronta y trata de expulsar a quienes luchan contra la corrupción y la impunidad.
El presidente del Legislativo, Alvaro Arzú, ha tratado de impulsar leyes que pretenden blindar a políticos corruptos contra las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto a diputados de otras bancadas y el partido oficial cabildean amnistías para exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad, otros diputados que se desmarcan lo reconocen.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) hace hincapié en la falta de voluntad política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para velar por el bienestar común.
En el organismo judicial hay jueces que se han alineado al Ejecutivo al Legislativo en una agenda perversa y que únicamente responde a intereses particulares, una prueba de fuego para el gobierno ha sido la actitud hacia la tragedia del pasado tres de junio y que no ha sido resuelta de la mejor manera.
La ingobernabilidad que ha acompañado al presidente Morales durante su mandato se acentúa luego de la tragedia provocada por el volcán de Fuego donde su Gobierno no ha sabido responder, es mas algunos de sus funcionarios podría tener implicaciones legales.
HispanTV.es
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