"Sabemos perfectamente que es el mismo Gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión", dijo en nombre de las familias Mario González, padre de uno de los desaparecidos.
Además exigen una comisión investigadora especial, en la que participen sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, "Tlachinollan", del centro de análisis Fundar y del centro de DDHH "Miguel Agustín Pro" (jesuita), y del Servicio y Asesoría para la Paz.
González afirmó que la sentencia "es de obligatorio cumplimiento".
En conferencia de prensa, las familias resaltaron que la sentencia del tribunal nacional otorga la razón a lo que han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de DDHH, y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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"Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada", afirmó la madre de uno de los desaparecidos, María Elena Guerrero.
Los abogados de los familiares precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado "no quita a la Procuraduría General de la República (fiscalía federal) la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso".
Además, recordaron, el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas.
Crear esa comisión tiene fundamento en el derecho internacional y "es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido", dijo la madre de un estudiante, Blanca Nava.
En la ciudad de Iguala (sur), ubicada a 220 kilómetros de Ciudad de México, cinco autobuses ocupados para transportar a los estudiantes, que se dirigían a la capital a la conmemoración anual de la Masacre de Talatelolco de 1968, fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de varios municipios, confabulados con narcotraficantes, en un caso aún sin resolver. Sputnik
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