"La OEA tiene que escoger si mantiene ese plazo de tres años, que sería una farsa en este caso en que se necesita una salida rápida, o si se alinea con las palabras del secretario general (Luis Almagro) cuando habla de elecciones justas, honestas, transparentes y pronto", dijo Courtney al diario Confidencial.

La semana pasada, Almagro envió un mensaje en el que sostuvo que la solución para la violenta crisis que sufre el país centroamericano es democrática, con "elecciones libres, transparentes, justas, que representen la voluntad del pueblo".

Courtney, en tanto, afirmó que hay que "acelerar el cronograma", ya que "en sus contenidos no está mal".

"Su problema es que estaría a una velocidad como si estuviéramos en Suecia, en vez de estar en un país que está al borde de una guerra civil", graficó.

El Gobierno y la OEA acordaron la semana pasada una serie de reformas al sistema electoral para ser entregado en enero de 2019.

El fin de semana, por lo menos diez personas murieron en un enfrentamiento armado entre estudiantes y la policía, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

Con estas muertes suman 127 los fallecidos en el país desde que comenzaron las movilizaciones, según sostuvo el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, Denis Darce.

Las protestas estudiantiles en Nicaragua se iniciaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró diez días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, según la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.

Las movilizaciones se intensificaron a raíz de los cambios al sistema de pensiones que realizó el Gobierno y por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.

La CIDH hizo 15 recomendaciones a Nicaragua en su informe preliminar presentado el 21 de mayo, entre ellas cesar la represión y la detención "arbitraria" de quienes participan de las protestas, así como crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país.

Para el Gobierno de Daniel Ortega, la violencia es causada por grupos armados que "atacan y producen víctimas para culpabilizar a las instituciones del orden público".

El gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional sostiene que las manifestaciones forman parte de un "golpe suave" que tiene como fin derrocar a Ortega. 

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