La gestión fraudulenta de más de un millar de demandas de asilo en Bremen por parte del organismo responsable de aprobarlas ha derivado en un escándalo político, que ocupa desde hace días las portadas de la prensa alemana y que supone un considerable desafío para el nuevo Gobierno alemán. Lo que empezó siendo un caso puntual, se extiende según recientes revelaciones periodísticas más allá de Bremen.

El nuevo ministro de Interior, Horst Seehofer y la responsable de la oficina federal para la Migración y los Refugiados (Bamf), Jutta Cordt, han comparecido el martes en una comisión del Parlamento a puerta cerrada. El objetivo de la sesión parlamentaria consistió en tratar de aclarar cómo fue posible que reinara semejante descontrol en la tramitación de demandas de asilo durante los años en los que se registró un pico de llegadas en Alemania. Los diputados quieren saber hasta dónde se extiende el fraude y cuándo exactamente tuvieron Cordt y Seehofer conocimiento de lo que ocurría en Bremen y si han tratado de ocultarlo. Las penúltimas revelaciones apuntan a que Cordt tuvo conocimiento del descontrol en las oficinas de Bremen ya en febrero de 2017.

El caso de Bremen es el más abultado, pero la prensa alemana ha desvelado en los últimos días que hay más administraciones afectadas. La Bamf investiga al menos 13 de sus 70 oficinas repartidas por el país después de destaparse el caso de Bremen. Allí, entre 2013 y 2016, las autoridades tramitaron favorablemente unas 1.200 solicitudes de demandantes de asilo que presuntamente no cumplían los requisitos. Según un informe interno del Bamf, tres abogados, un traductor y la responsable de la oficina de Bremen manipularon los procedimientos de asilo. “La identidad de demandantes sirios e iraquíes no se comprobaba, a pesar de que había indicios de que se trataba de nacionales turcos o miembros de clanes delicitivos”, publica Bild. Los sospechosos están ahora siendo investigados por la Fiscalía regional, acusados de haber aceptado sobornos y de haber convertido su delegación en un coladero para demandantes de asilo.

La posibilidad de que entre los beneficiados por la trama fraudulenta hubiera criminales es uno de los argumentos que manejan los que como la extrema derecha o los liberales exigen una investigación a fondo de este caso. A raíz del escándalo, unas 8.500 solicitudes de asilo están siendo nuevamente revisadas, además de las 18.000 de Bremen, al norte del país. El ministro de Interior ha ordenado que la oficina de Bremen deje de tramitar temporalmente procedimientos.

Cerca de millón y medio de refugiados han recalado en Alemania desde 2015, cuando el aluvión de llegadas se convirtió en un espectacular reto logístico y político. La canciller, Angela Merkel, atravesó su peor crisis política a raíz de las tensiones migratorias, alimentadas por fuerzas políticas como Alternativa para Alemania (Afd), el partido que defiende el cierre de las fronteras y que ha entrado por primera vez en el Parlamento.

EFE

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