Después de recibir el informe de la Comisión Jurídica Asesora, el presidente catalán, Quim Torra, podría emprender medidas legales contra el veto del Gobierno de España, tal y como anunció anteriormente su partido, Junts per Catalunya (JxCt).

El documento, explica Nació Digital, afirma que el Estado español está obligado a aceptar la nominación de los consejeros que se encuentran en prisión provisional o en el extranjero, ya que su situación no afecta sus derechos políticos.

El nuevo presidente catalán, prosigue el medio, tendría la intención de agotar todas las vías legales para denunciar, también a nivel internacional, la posición del Ejecutivo central.

Torra suspendió este 23 de mayo la ceremonia de toma de posesión de los consejeros de su nuevo gobierno.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) —controlado todavía por el Ejecutivo central, que intervino la administración catalana el 27 de octubre de 2017 para restablecer la legalidad española tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña— sigue sin publicar el nombre de los consejeros elegidos, al figurar en él los nombres de Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia), que se encuentran en prisión o en el extranjero con el fin de eludir la acción de la Justicia española.

La publicación de los nombres es una formalidad necesaria para hacer efectivo su nombramiento.

De no poder ocupar el cargo, informa Nació Digital, otros diputados ocuparían las carteras afectadas; en concreto: Damià Calvet (Territorio y Sostenibilidad), Elsa Artadi (Presidencia) y Laura Borràs (Cultura). 

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