Las cruciales elecciones anticipadas en Turquía se celebrarán en tan sólo un mes. El país busca recuperar la estabilidad tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, los atroces atentados en suelo turco y por su convulsa frontera con Siria. Sin embargo, son muchos en Turquía los que se preguntan si este es el momento más adecuado para convocar elecciones presidenciales y legislativas. El presidente Recep Tayyip Erdogan gobierna con puño de hierro y tras la desconfianza generada por el intento de asonada (en el que murieron 290 personas y 1.700 resultaron heridas), Turquía ha ido mermando las libertades y los derechos de los turcos.

La nueva coletilla que sigue a Turquía es la de ser “la mayor cárcel de periodistas del mundo”. Los reporteros turcos han visto cómo su profesión les ha metido en serios problemas, incluso han terminado en prisión. Además, muchos confiesan que sus informaciones son observadas con lupa y que se autocensuran, porque en los dos últimos dos años han aprendido la dura lección. De hecho, 200 reporteros fueron detenidos y unos 59 siguen en la cárcel (de acuerdo al Centro Stockholm para la Libertad).

Además, según la Plataforma Conjunta de Derechos Humanos (IHOP), un total de 199 medios de comunicación fueron cerrados durante el Estado de Emergencia declarado tras el fallido intento de golpe de Estado. En la actualidad, 174 medios de comunicación continúan cerrados. Los periódicos también sufrieron los duros decretos del Estado de Emergencia, por lo que 67 diarios fueron cerrados. A finales de marzo, 50 diarios seguían cerrados. En cuanto a las radios, 43 fueron cerradas y a día de hoy 39 siguen clausuradas. Las televisiones tampoco se libraron de la mordaza. Desde 2016, se cerraron 34 cadenas de televisión. A finales de marzo 33 emisoras de TV seguían cerradas.

Aunque sin duda, lo que más preocupa a los activistas de derechos humanos turcos es el cierre de las organizaciones de la sociedad civil que protegían a minorías y a los turcos más necesitados. En total de las 1.607 asociaciones que se cerraron desde 2016, 1.419 continúan clausuradas y sin poder atender a los turcos. Así lo confesó Ozturk Turkdogan, presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) y miembro del Comité Ejecutivo de IHOP, quien estuvo invitado por el Parlamento Europeo a un seminario en Bruselas sobre libertad de expresión en Turquía, donde atendió a las preguntas de LA RAZÓN. Para él, la metáfora que describe todo lo que está pasando en su país, es que normalmente acudían a manifestarse “a un parque en Ankara, a la estatua de los derechos humanos, hoy (desde el 17 de noviembre), ese monumento está cerrado por la Policía, totalmente vallado, como nuestros derechos”. Una fotografía de la Turquía actual.

Turkdogan trabaja en la mayor y más antigua organización de defensa de Derechos Humanos y es su presidente desde hace diez años. El abogado turco confiesa a este diario que es difícil seguir combatiendo por los derechos humanos por el acoso judicial. “Algunos de nuestros miembros están siendo investigados, tenemos 180 investigaciones abiertas contra varios de nuestros directivos. Algunos están en prisión, otros no”.

En los últimos dos años, “debido al Estado de Emergencia, el acceso a los Derechos Humanos se ha tornado hacia Rusia y Azerbaiyán. Esto significa que Turquía que está ahora lejos de los valores Occidentales”. Pese a todo, Turkdogan no cree que su país vuelva a instaurar la pena de muerte, pues Turquía es parte de las convenciones internacionales para la eliminación de la pena capital y traerla a la agenda política o implementarla tendrá como consecuencia sanciones draconianas”.

En cuanto a las elecciones del próximo mes, Turkdogan asevera a LA RAZÓN que “no deberían celebrarse bajo estas condiciones, en pleno estado de emergencia, no hay espacio para las campañas justas, para la oposición, ya que el 90% de los medios que continúan abiertos están en manos del partido oficialista. No hay igualdad, no habrá oportunidades justas para la oposición”.

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