Desde que el gobierno keniano intentó, en vano, cerrar el que era hasta la fecha el campo de refugiados más grande del mundo hace dos años, la precariedad de la vida de esta somalí de 37 años ha adquirido una nueva dimensión.

"Antes, la vida en el campo era buena [...], pero ya nada es igual", explica esta madre de 11 hijos, que regresó a Dadaab tras haber participado en un programa de repatriación muy denostado por los activistas de derechos humanos. "Desde que volvimos, hay menos comida y vivimos en casa de mi cuñado, pues no ya no tengo casa".

En mayo de 2016 el gobierno anunció su intención cerrar Dadaab, donde vivían casi 350.000 personas, y enviar a su país a los refugiados somalíes, asegurando -sin aportar pruebas- haber desbaratado varios atentados urdidos por islamistas somalíes de Al Shabab en Dadaab.

Los socios internacionales advirtieron de la imposibilidad tanto logística como jurídica de cerrar el campo, pero Nairobi fijó una fecha límite, noviembre 2016 y luego mayo 2017, al tiempo que aceleró el programa de "repatriación voluntaria".

Contrariada, Fartun regresó a Somalia en junio de 2016 con su familia, mientras que numerosas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos cuestionan el carácter "voluntario" de esas repatriaciones.

"En el campo, contaban que si no nos íbamos nos pegarían", explica Fartun. "Quizá fueran solo rumores, no lo sé, pero ese era el ambiente en el campo".

Como cerca de 75.000 somalíes desde 2014, tomó el dinero que le ofrecieron (unos 400 dólares por persona). Pero, tras pasar la frontera, el convoy en el que viajaba hacia Baidoa (sur) fue atacado por hombres armados y encapuchados que nunca llegó a saber quiénes eran.

Fue liberada tras múltiples violaciones, pero a su hijo mayor, Abdirizak, se lo quedaron cautivo.

"Querían reclutarme", explica el adolescente de 14 años, enseñando una larga cicatriz que le recorre el antebrazo derecho. "Me dieron un fusil y me ordenaron disparar, pero no quise, así que me hicieron esta marca en el brazo".

Abdizarak y su familia se reencontraron unos meses después. Él consiguió escaparse, mientras que su madre decidió volver a Dadaab tras haber intentado reconstruir su vida en Somalia y enterarse de que la justicia keniana prohibió en febrero de 2017 el cierre del campo.

Según Harun Kamau, el más alto representante del gobierno keniano en Dadaab, unos 2.000 somalíes volvieron a Dadaab tras haberse acogido al programa de repatriaciones. Varias oenegés aseguran que la cifra real es mucho mayor y que algunos refugiados regresaron a Dadaab tras haber sido atacados por los yihadistas de Al Shabab.

En la actualidad, el campo cuenta con 235.000 refugiados o solicitantes de asilo.

Las autoridades kenianas no otorgan automáticamente el estatus de refugiados a los somalíes, que deben presentar solicitudes individuales.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos redujo un 30% las raciones para refugiados en Kenia, alegando una falta de recursos financieros.

"Dadaab existe desde hace 27 años, así que hay un cierto hartazgo por parte de los solicitantes respecto a otras crisis, como las de los refugiados sirios o los rohinyás", indica un responsable de la ONU nen Dadaab.

Otros actores humanitarios lamentan la incertidumbre del gobierno respecto al futuro de Dadaab.

"Lo primero que los donantes nos dicen es '¿porqué lanzar programas a medio plazo si el campo va a cerrar pronto'?, defiende Caleb Odhiambo, director de actividades de la oenegé Save The Children en Dadaab.

Actualmente se está debatiendo una ley para favorecer la integración de los refugiados, pero los trabajadores humanitarios lamentan los retrasos para promulgarla y, sobre todo, desearían que las autoridades reconozcan públicamente que ven imposible cerrar Dadaab a corto o medio plazo.

Fartun, por su parte, teme sobre todo volver a Somalia. "Aunque el campo cerrara hoy, preferiría quedarme en algún lado aquí antes que volver a Somalia".

AFP.com

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