"Jean Arnault (…) visitó a Jesús Santrich en el hospital y expresó preocupación por su estado de salud, y la importancia que este caso judicial de gran impacto cumpla con las garantías del debido proceso", indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de Twitter.
En la visita al líder de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también estuvieron los representantes de los países garantes del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, Cuba y Noruega, agregó la ONU.
Santrich fue internado el 26 de abril pasado en una clínica de Bogotá como consecuencia de una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de ese mes, cuando fue detenido en la capital colombiana por agentes de la Fiscalía a raíz de una orden de captura internacional expedida a través de una circular roja de Interpol (Policía Internacional) con miras a la extradición que solicitó el Departamento de Justicia de EEUU.
De acuerdo con las autoridades, al exguerrillero se le señala por un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a EEUU a un precio convenido de 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado de destino, en hechos ocurridos desde el pasado junio hasta abril pasado.
Tanto Santrich como la FARC, convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido tras la desmovilización de la guerrilla, afirman que la detención es un montaje entre la Fiscalía de Colombia y EEUU para desacreditar el acuerdo de paz y entorpecer su implementación.
La detención de Santrich ha generado reacciones en algunos círculos políticos y sociales en el mundo, entre ellos en el parlamento británico donde 14 parlamentarios de cinco partidos políticos (por ejemplo, el partido del Gobierno, el Partido Conservador y los Unionistas Demócratas de Irlanda del Norte) firmaron una moción sobre la medida tomada contra el exguerrillero.
La moción resalta la preocupación de los parlamentarios frente a la situación de Santrich y solicita al Gobierno colombiano que le garantice el debido proceso y apoye a las instituciones creadas como parte del acuerdo de paz, como la Jurisdicción Especial de Paz, que deberá determinar si el delito fue cometido después de la firma del acuerdo y si su caso pasa a la justicia ordinaria.
De ser hallado culpable, Santrich se enfrentaría a una pena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
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