Nicolás Maduro llama a la huelga a sus seguidores si la oposición le arrebata el poder
Profundizando la clásica narrativa revolucionaria, Maduro ha hecho pública la detención de 10 francotiradores con "intenciones insospechadas", o sea, atentar contra él. Una acusación que se suma a las conspiraciones, golpes de estado, magnicidios o envenenamientos de los cuales no existe una sola prueba más allá de los gritos. Ante la presión a la que se ve sometido, incluida la carta del Papa Francisco recordándole la "grave" situación del país, Maduro ha reaccionado clamando por una nueva revolución en Venezuela y en América y exigiendo a sus seguidores que convoquen una huelga general indefinida si la oposición le arrebata el poder "por una vía o por otra".
En el trasfondo, el éxito obtenido por la oposición al recabar dos millones y medio de firmas para el revocatorio presidencial, según el último recuento. El primer mandatario ha querido convertir la fiesta del Primero de Mayo en el inicio de su contraataque político, denunciando supuestos intentos de derrocamiento y aportando el antecedente histórico "de la guerra (que le hicieron) a Hugo Chávez hasta que le mataron".
Cuatro salarios mínimos para una canasta familiar
Maduro también se ha congratulado por la subida salarial aprobada por él mismo "haciendo de tripas corazón porque el petróleo, pese a haberse recuperado un poco, se mantiene muy bajo". Desde hoy empleados públicos y militares percibirán como mínimo 15.501 bolívares como sueldo base y un bono alimentario de 18.585, ni siquiera un bocado suculento ante la terrible inflación (700% para 2016 según el FMI) que devora el bolsillo de sus ciudadanos.
Con el nuevo aumento se necesitan más de cuatro salarios mínimos para comprar la canasta básica familiar. Otro ejemplo: desayunar una arepa, un zumo y un café completarían el salario diario de uno de estos empleados.
El ministro de Trabajo del chavismo, Oswaldo Vera, ha reconocido que la subida es "insuficiente", eso sí, escudándose en la "guerra económica", la excusa narrativa que la revolución usa para justificar la voraz crisis económica que sufre el país sudamericano.
"El chavismo ha aumentado en más de 30 oportunidades el salario mínimo y hoy los ciudadanos compran menos que en 1998", resume Henkel García, director de Econométrica.
"El pueblo no me dejará solo"
El "hijo de Chávez" ha ordenado apretar filas revolucionarias tras el monumental golpetazo que le ha infringido la oposición con la recogida de firmas. "Estoy preparado, mi destino está en manos del pueblo. El pueblo no me dejará solo", clamó tras anunciar los nuevos salarios. Pese a la confianza que dice tener en sus votantes, Maduro no se fía, sabedor que sus enemigos políticos cuentan con casi el 70% de apoyos para seguir adelante con su hoja de ruta para sacarle del Palacio de Miraflores.
Por ello pretende ralentizar el proceso y asustar a los firmantes, sobre todo a los que en algún momento fueron revolucionarios. La Unidad Democrática tiene previsto presentar mañana su aluvión de firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero se van a topar con la nueva trampa dispuesta por el ente electoral. "Se debe cumplir el lapso de 30 fijados para la recolección del 1% de manifestación de voluntad para pasar a la fase de constatación", asegura por sorpresa la rectora Tania DAmelio, pese a que oposición sólo ha necesitado dos para un proceso que en principio iba a ser de cinco días.
El objetivo oficialista es retrasar al máximo el proceso para que no se celebre este año y con ello, que no haya nuevas elecciones presidenciales.El primero en responder ante la nueva arbitrariedad chavista ha sido el exrector del CNE Vicente Díaz, quien recordó a su antigua compañera que "los plazos son límites máximos, el principio de celeridad obliga al mínimo".
Operación morrocoy (tortuga), lo llaman en Venezuela. Y junto a ella la nueva versión de la campaña del miedo, tantas veces usada desde el poder. Maduro agita viejos fantasmas muy presentes todavía en la sociedad venezolana: las listas Tascón y Maisanta, confeccionadas durante el proceso de revocatorio contra Hugo Chávez en la década pasada, provocaron el apartheid laboral y social de miles de personas, excluidas del empleo público, de las becas o de las ayudas estatales.