"Declaro abierta la sesión extraordinaria permanente del Consejo General del INE para dar inicio a la jornada electoral", dijo el consejero presidente de la autoridad electoral, Lorenzo Córdova, luego de una ceremonia de honores a la bandera.
A las elecciones regionales están convocados unos 37,5 millones de votantes, alrededor del 52 por ciento del electorado de todo el país, para elegir más de 1.800 cargos de elección popular entre gobernadores, alcaldes, y diputados a los congresos provinciales, además de un congreso constituyente para una nueva carta magna de la Ciudad de México.
La contienda política mexicana está entre las más costosas del continente, en términos financieros, y los fondos federales recibidos por los partidos políticos para las campañas suman 9.625 millones de pesos (alrededor de 530 millones de dólares).
Ese dinero fue invertido en más de 13 millones de anuncios de radio y televisión, que bombardearon a los ciudadanos en los últimos tres meses con campañas caracterizadas como nunca por ataques personales, con los temas dominantes de corrupción y acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
Más de medio millón de habitantes del país latinoamericano abrieron esta mañana los centros de votación como funcionarios de casilla, en unas 68.000 urnas, vigiladas por más de 8.500 observadores electorales y 75.000 representantes de una docena de partidos.
La seguridad ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades y han sido más de 80.000 efectivos de las corporaciones policíacas federales y de los estados que "se encargarán de garantizar la seguridad ciudadana", al servicio del INE y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Solo en Tamaulipas, fronterizo con EEUU, fueron desplegados 14.000 efectivos militares y policiales, estado que junto con Veracruz son dos enclaves petroleros con costas en el Golfo de México, asolados por la violencia, que han sido gobernados sin pausa por casi 90 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña.
Además de esos dos estados, las elecciones se celebran en Aguascalientes, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas en el norte del país; y en Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo, en el centro y el sur, en las cuales se pronostican reñidas en al menos nueve de las 12 plazas de gobernadores en la contienda.
A pesar de que en las presidenciales de los años 2000 y 2006 el PRI perdió en la primera alternancia en la Presidencia en 71 años —desde su fundación en 1928 al final de la Revolución Mexicana—, el partido de Peña nunca ha perdido el poder regional en nueve estados, de los cuales en esta elección están en juego cinco: Tamaulipas, Veracruz, Durango en el norte, Hidalgo en el centro, y el caribeño Quintana Roo.
Esta elección es la última estación antes de las presidenciales de 2018, y diversos sondeos apuntan a que el PRI podría conservar con seguridad las gobernaciones en las provincias de Hidalgo (centro) y Sinaloa (norte).
Sin embargo, en Tamaulipas y Veracruz puede ocurrir por primera vez una alternancia en casi 90 años, con la posibilidad de una derrota del pragmático partido que volvió a la presidencia en 2012 con Peña, donde llega en empate técnico con la oposición de centroderecha (PAN) y de centroizquierda (PRD).
Ese clamor tiene como trasfondo las tradicionales denuncias de fraude, compra de votos, acarreo de electores y otras triquiñuelas que forman parte de la historia de elecciones anteriores, que han desatado impugnaciones y conflictos poselectorales, el más grave en el año 2006, cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador desconoció los ajustados resultados.
Para ilustrar la dimensión y complejidad del proceso mexicano, la FEPADE ha revelado que acumula unas 300.000 denuncias e investigaciones de todo tipo de violaciones a las normas, relacionadas con estas elecciones, de las cuales Veracruz encabeza la lista con unos 2.000 reclamos.
Observadores de Chile, Uruguay, El Salvador, Colombia, Guatemala, Bolivia y Costa Rica han asistido a los comicios mexicanos.
La delegación la integran Francisco Javier Jara Reyes, de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA); Pablo González, del Frente Amplio de Uruguay; Osvaldo Aravena, demócrata-cristiano de Chile; William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana, de Costa Rica; Carlos Wills Ospina, del Partido Conservador Colombiano; y Mario Rodríguez, de Unidad Demócrata de Bolivia.
"Si existen irregularidades, lo haremos notar y haremos algunas recomendaciones sobre cómo perfeccionar y mejorar el sistema electoral mexicano", dijo Reyes en nombre de los observadores extranjeros.
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