Junts pel Sí y la CUP han registrado este martes en el Parlament la proposición de ley para la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, el organismo que actuaría en una Cataluña independiente como el equivalente a la Seguridad Social española y se encargaría de gestionar todas las prestaciones sociales, así como de recaudar toda clase de contribuciones, recursos y cuotas en esa materia. La iniciativa es el primer paso para materializar una de las tres leyes de ruptura.

La de protección social catalana, junto a las otras dos leyes de ruptura, se están redactando en sendas ponencias en las que solo participan Junts pel Sí y la CUP, y que rechazan el resto de formaciones de la cámara: Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP. Las otras dos leyes son la de transitoriedad jurídica y la de hacienda pública.


La redacción de estas tres leyes para “desconectar” de España ya estaba prevista en la declaración soberanista del 9 de noviembre que aprobó el Parlament y anuló el Tribunal Constitucional. Aquella decisión judicial está pendiente de ejecución de sentencia desde hace tres meses, después del recurso que presentó el Gobierno en funciones del PP al considerar que la comisión de estudio del proceso constituyente que creó la Cámara catalana implicaba un desarrollo de aquella declaración.

La sentencia del Constitucional advirtió de que también serían ilegales todos los actos que derivasen de aquel acuerdo parlamentario, por lo que ahora queda por ver si el Gobierno de Mariano Rajoy aplica el mismo criterio e impugna el proyecto con idénticos argumentos jurídicos.

El texto registrado este martes se encarga de precisar en diversos apartados que la futura agencia solo gestionará las prestaciones sociales que ahora presta la Generalitat en el marco de sus competencias y deja abierta la delegación de competencias a los Ayuntamientos. En ese sentido, el proyecto obvia el pago de las pensiones contributivas que ahora corresponde al Gobierno, pero sí precisa que sus atribuciones irán ampliándose en el supuesto de un futuro Estado catalán.

“No es un organismo que esté desobedeciendo el marco legal ni político, pero es imprescindible para ir hacia la república”, ha asegurado la diputada de la CUP Mireia Vehí. Por su parte, el parlamentario de Junts pel Sí Chakir el Homrani ha vaticinado que la agencia podría empezar a funcionar en julio.

"Esta proposición de ley es similar a la que ya se presentó hace un año y que finalmente impugnó el Tribunal Constitucional", ha afirmado Vehí, ante la posibilidad de que se repita la actuación del Gobierno central. De ser así, la CUP tiene claro que optarán por la desobediencia. Desde Junts Pel Sí, El Homrani ha mostrado más cautela. "Nosotros no trabajamos pensando en si nos van a impugnar o no las leyes, sino que pensamos en los catalanes que nos han dado su apoyo en las urnas" ha asegurado.

Por el contrario, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha cargado contra la iniciativa parlamentaria, al considerar que la proposición "está abocada al fracaso" porque supone un desarrollo de la declaración soberanista que suspendió el Constitucional. "Los derechos sociales de los ciudadanos no se resuelven por medio de la confrontación con el Estado y a veces parece que buscamos más eso que otra cosa", ha dicho.

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