Una comunicación de la Comisión Europea ha sacudido este viernes el sector minero. Bruselas ha anunciado la autorización para que España emplee 2.130 millones de euros para el cierre de 26 yacimientos de carbón no competitivos, lo que supondrá el fin de esta actividad. La fecha tope para la clausura, como marca la normativa europea, es finales de 2018.

Para asegurarse de que los plazos se cumplen, Bruselas ha resaltado que España se compromete a "recuperar toda ayuda" que haya recibido una mina si no se cierra antes de que acabe 2018. La Comisión detalla que este plan fue presentado en abril por el Gobierno español.

Esos 2.130 millones se emplearán, ha informado la Comisión Europea, para dar "apoyo financiero a los trabajadores, que han perdido o perderán sus empleos debido a los cierres", por ejemplo, para financia "indemnizaciones y prestaciones de seguridad social". La autorización de Bruselas es necesario ante el riesgo de que pudieran considerarse ayudas de estado que perjudiquen la competencia en el mercado comunitario. Pero la Comisión, tras analizarlo, considera que son legales.



Víctor Fernández, responsable de minería en UGT, ha mostrado su malestar y ha asegurado que esta central "no tenía ningún conocimiento del plan". Fernández ha remarcado que la cláusula que obliga a devolver las ayudas aboca al "cierre total" de la minería del carbón. Según los datos de UGT, en 2015 había 14 empresas en este sector, que empleaban a 3.324 personas (2.697 directos y 627 en contratas). En 2011, según esta central, eran 21 las empresas y 5.825 los empleados. El declive del sector —y la supresión de ayudas— ha ido parejo al endurecimiento de los requerimientos para que los Estados cumplan con el calendario de cierre de las explotaciones.

UGT lamenta que el Gobierno haya presentado "un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos". Según su interpretación, este plan "condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otro tipo de energías".


Tatiana Nuño, responsable de cambio climático en Greenpeace, ha aplaudido la medida y ha pedido a los partidos que abandonen "los mensajes electoralistas" de apoyo al funcionamiento de estos yacimientos. El carbón es la fuente de generación de energía más contaminante y más emisora de CO2. Y Nuño ha recordado que el año pasado la quema de carbón en España para producir electricidad aumentó un 23% respecto a 2014. "Las ayudas no se pueden alargar más", añade esta ecologista, que pide que se apueste por las energías limpias para luchar contra el cambio climático.

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