España logró la semana pasada algo de oxígeno por parte de la Comisión Europea, que decidió posponer la decisión sobre una posible multa por incumplir los objetivos de déficit hasta después de las elecciones generales. A cambio, anticipó que el Gobierno que salga de los comicios del 26 de junio deberá acometer un fenomenal ajuste de más de 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017 y hacer frente quizás a una multa que como mucho podría ascender a otros 2.000 millones. La decisión de Bruselas, que el propio comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, admitió que obedecía a motivos políticos, no ha sentado bien en Alemania y en otros países del norte de Europa. El poderoso ministro de Finanzas, el democristiano Wolfgang Schäuble, admitió el jueves su insatisfacción y la de otros colegas europeos con la prórroga.

“No estamos contentos con la decisión. La Comisión la tomó dentro de sus competencias, pero no nos parece afortunada”, aseguró Schäuble en un encuentro con periodistas extranjeros. Esta es, según dijo, una opinión que comparten muchos otros ministros de Finanzas europeos. Antes, el ministro alemán ya había arremetido contra Bruselas por “dar la impresión” de que se toman decisiones en función de la proximidad de unas elecciones. “Esto no contribuye a fortalecer la confianza en las reglas europeas”, había dicho el día anterior en Bruselas.


"Los compromisos de la Comisión Europea perjudican a la disciplina presupuestaria
Rajoy deja en herencia un recorte de 8.000 millones y la multa por el déficit
Además de Schäuble, en los últimos días otros responsables políticos y económicos del norte de Europa han hecho oír su malestar. El presidente del Eurogrupo y ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, admitió “algunas preocupaciones” por lo que él entendía como una pérdida de credibilidad de las reglas europeas. Dijsselbloem no quiso dar nombres, pero sí aseguró que en el desayuno informal con los ministros de la UE hubo “una referencia” al caso español y portugués, que también ha ganado tiempo antes de que en julio Bruselas decida sobre las sanciones.

Además, los ministros del Ecofin han pedido a sus servicios legales una opinión sobre la decisión de otorgar la prórroga de un año a España y Portugal para cumplir con el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3%.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, reclama además la creación de una agencia independiente, que decida sobre los procedimientos por déficit excesivo ajena a las presiones políticas. “Los procedimientos son ahora tan complejos y opacos que nadie puede decir si un país respeta las reglas o no. La normativa tiene que ser clara y comprensible. Cualquier medida que conduzca a que los miembros de la eurozona vuelvan a atenerse a las normas será un avance”, aseguraba Weidmann en una reciente entrevista con EL PAÍS, en la que criticó a la Comisión Europea por buscar unos compromisos políticos que “perjudican a la disciplina presupuestaria”. Una opinión más moderada tiene el representante alemán en el Colegio de Comisarios, Günther Oettinger, que en una reciente entrevista pedía flexibilidad para tratar los incumplimientos del déficit público de España y Portugal.

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