Estados Unidos sancionó a cinco jueces nombrados por Naiyb Bukele en la Corte Suprema de El Salvador y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y los acusó de minar la democracia en los países centroamericanos y de no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción. Así, busca enviar un claro mensaje de que no tolera la corrupción ni a quienes la alientan. Los integrantes de esa lista no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país en caso de que la tengan desde antes.
“Estados Unidos se ha comprometido a apoyar a los pueblos del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos añadiendo siete autores a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que generalmente hace que los autores no sean elegibles para visas y admisión en Estados Unidos. Estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala”, informó la Secretaría de Estado en un comunicado.
En esa línea, la Cancillería de EEUU detalló los “ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción” por los que decidió tomar estas medidas.
En el caso de El Salvador, “Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Hector Nahun Martinez Garcia, Jose Angel Perez Chacon, y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, socavaron los procesos democráticos o las instituciones al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña”.
“Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima tras la toma de posesión de la Asamblea Legislativa recién elegida el 1 de mayo. Después de ser instalados, los nuevos Magistrados declararon que su instalación por la Asamblea Legislativa había sido constitucional. Los Magistrados socavaron los procesos o las instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución de los mandatos consecutivos de la Presidencia”, destacó el comunicado.
Hace unos meses la nueva Asamblea Legislativa, aliada al presidente Nayib Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estas decisión se adoptó con carácter urgente apenas unas horas después de instalarse el nuevo legislativo controlado por el oficialismo.
Los jueces destituidos, con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, fueron: José Armando Pineda, Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar y Marina Marenco de Torrento. En su lugar, fueron elegidos Elsy Dueñas Lovo, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez García y Óscar Alberto López Jerez, quien fue designado como presidente de la Sala Constitucional y la CSJ.
Tras conocerse la decisión de la primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó y se tomó las instalaciones del órgano judicial. Los magistrados electos entraron al recinto escoltados por los agentes policiales. La Sala de lo Constitucional declaró nula la destitución e inconstitucional por violar la “independencia judicial” establecida en la Constitución política salvadoreña.
En Guatemala, la Secretaría de Estado señaló que “María Consuelo Porras Argueta De Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones penales”.
“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a los fiscales que investigan la corrupción. Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda informó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos”, se agregó.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, nombró a Rafael Curruchiche tras destituir abruptamente al anterior fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval. Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei, sin el consentimiento de Porras.
Finalmente, el ministerio conducido por Blinken concluyó que “Estados Unidos continuará utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica. Seguiremos colaborando con los funcionarios del gobierno que muestren una dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernanza democrática, incluso como parte de una política general de abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Y seguiremos apoyando a los pueblos de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.
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