Armenia practicó ampliamente la toma y retención de rehenes, el maltrato y ejecución sumaria de prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos durante su agresión contra Azerbaiyán iniciada a principios de la década de 1990. Como resultado del conflicto 3890 personas (3171 militares, 719 civiles) de Azerbaiyán siguen desaparecidas. A pesar de que la toma de rehenes está claramente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, 267 civiles azerbaiyanos (incluidos 29 niños, 98 mujeres y 112 ancianos) fueron tomados como rehenes y no fueron liberados por Armenia. Hasta ahora, 1102 rehenes azerbaiyanos (incluidos 224 niños, 357 mujeres y 225 ancianos) han sido posteriormente liberados del cautiverio armenio.

Con sus actos ilegales, Armenia viola gravemente las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949 relativos al trato debido a los prisioneros de guerra y a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, así como su primer Protocolo I adicional. Junto con las normas pertinentes del Derecho Internacional Humanitario, las cuestiones relacionadas con las personas desaparecidas son consideradas en el contexto de los derechos humanos protegidos internacionalmente, en particular, el derecho a ser protegido contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo con las debidas garantías judiciales, la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de las desapariciones forzadas de las personas, y los derechos de las personas privadas de la libertad.

Las personas desaparecidas azerbaiyanas desaparecieron en circunstancias que suscitan serias preocupaciones en cuanto a su bienestar particularmente dadas las atrocidades ampliamente practicadas por las fuerzas armadas armenias durante el conflicto. Al igual que otras infracciones del Derecho Internacional Humanitario, la detención ilegal, la tortura y los atentados contra la dignidad personal de los rehenes y prisioneros de guerra detenidos formaban parte de una política sistemática de castigo colectivo y de discriminación contra los azerbaiyanos, aplicada por los extremistas armenios.

La responsabilidad internacional de Armenia entraña consecuencias jurídicas, incluida la obligación de proporcionar una indemnización adecuada, mientras que las personas responsables de las violaciones contra los ciudadanos de Azerbaiyán declaradas como desaparecidos en relación con el conflicto deben enfrentar sanciones penales o de otro tipo a nivel nacional e internacional. Azerbaiyán ha iniciado procedimientos judiciales para enjuiciar a los autores de crímenes atroces. Si bien la responsabilidad penal y la reparación sirven para garantizar los derechos e intereses de las víctimas y deben ser una consecuencia inevitable de los delitos cometidos, también son una herramienta preventiva esencial y uno de los requisitos previos clave en el camino hacia una reconciliación duradera y genuina.

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