Por medio de un comunicado emitido este jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE.UU., en base a la Ley Magnitsky— una norma en EE.UU. que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violación de derechos humanos— Washington ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra tres altos funcionarios cubanos por supuestas violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones de mediados de julio.

La nueva ronda de medidas hostiles de EE.UU. apunta contra Andrés Laureano González Brito, el jefe del Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba; Roberto Legra Sotolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR, y Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que pertenece al Ministerio de Interior (Minint).

Se trata de la cuarta ocasión en que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, emite disposiciones de ese tipo luego de los disturbios de hace más de un mes, denunciados por el Gobierno de Cuba como parte de los planes para la desestabilización interna en la isla.

Por su parte, las autoridades cubanas han rechazado en múltiples ocasiones las sanciones y acusaciones en torno a dichos disturbios. El 22 de julio canciller cubano, Bruno Rodríguez, tachó de “infundadas y calumniosas” las sanciones del Tesoro contra el ministro de Defensa cubano, Álvaro López Miera, y una brigada policial de la isla.

Desde 11 de julio, Cuba fue por varios días escenario de movilizaciones contra la compleja situación económica como resultado del coronavirus y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense en su contra. En el marco de las protestas, se registraron disturbios y actos vandálicos. 

La Habana denuncia los llamados desde el exterior para incitar al caos y la desobediencia civil en el país, y asegura que las protestas fueron planificadas y organizadas por los medios y la prensa, auspiciados desde EE.UU.

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