La justicia de Ecuador retiró la semana pasada la nacionalidad de ese país al cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, comunicó este lunes Carlos Poveda, abogado del activista australiano, a RIA Novosti. "Los jueces del Tribunal Administrativo estuvieron de acuerdo con los argumentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y declararon inválida la carta de naturalización expedida a Julian Assange", afirmó.

Assange recibió la nacionalidad ecuatoriana en diciembre del 2017 –durante el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno– mientras estaba asilado en su Embajada en Londres. El 10 de abril de 2019, en vísperas de su entrega a la Policía británica, la Cancillería ecuatoriana publicó un documento en el que reconocía la carta de naturalización de Assange como un "acto administrativo perjudicial".

El fallo del Tribunal Administrativo sobre la revocación de la ciudadanía se basó en un informe de la Contraloría General del Estado de Ecuador, que declaró que había habido irregularidades de procedimiento y que no cumplía los criterios para obtener la ciudadanía. Según señaló el abogado, el organismo actuó con claros intereses políticos: la Fiscalía no confirmó ninguna de las supuestas irregularidades y no aportó pruebas.

Poveda también informó de irregularidades durante el juicio que dificultaron la actuación de la defensa. "Desde la primera audiencia afirmamos que Julian no fue procesado de acuerdo a la ley, los documentos tuvieron que ser traducidos porque él habla inglés.  Yo mismo me enteré del juicio cuando entré en la página web del tribunal", detalló.

Julian Assange actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). Fue detenido en abril del 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, luego que el gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo
El 4 de enero, una jueza británica rechazó la extradición del activista a EE.UU. por temor a que el cofundador de WikiLeaks pudiera suicidarse debido a su delicada salud mental
En EE.UU., Assange está acusado de cargos por espionaje y piratería informática por la publicación desde el 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de EE.UU. en las guerras en Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Los cargos conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión

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