Algunos medios difundieron el sábado un artículo titulado “Bolivia y EE.UU. restablecen ‘relaciones de confianza’ tras años de recelo diplomático”, lo que, según el Ministerio de la Presidencia, no refleja la verdad de las declaraciones de la ministra del Gobierno de Bolivia, María Nela Prada, en una entrevista televisiva.

De hecho, el Ministerio de la Presidencia de Bolivia en un comunicado emitido el domingo citó la declaración textual de la ministra de Gobierno para aclarar las dudas.

“Hemos establecido relaciones, en realidad, de confianza siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía con todos los países. Como lo señalaba desde que estábamos en campaña nuestro presidente Arce, nosotros no vamos a hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo. No lo hemos hecho en el tema de la pandemia y, por supuesto, no lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con justicia para el pueblo boliviano”, indicó la titular.

En la aludida entrevista, Prada también se refirió al arresto en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Gobierno del ejecutivo de facto, presidido por Jeanine Áñez (2019-2020),  indicando que el Gobierno de Arce brindó toda la información al respecto para agilizar las pesquisas.

El Departamento norteamericano de Justicia, a través de un comunicado emitido el pasado miércoles, anunció la detención de Murillo y otras cuatro personas, entre el 21 y el 22 de mayo, en los estados estadounidenses de Florida y Georgia, respectivamente, donde fueron acusados de corrupción y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia, los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Phillip Lichtenfeld pagaron 602 000 dólares en sobornos a Murillo, para que la empresa de Berkman obtuviera contratos del Ministerio de Defensa boliviano, específicamente, un convenio de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar a esta Cartera “gases lacrimógenos” y otros equipos, con sobreprecios.

La Policía de Bolivia detuvo el 13 de marzo a Áñez y a cuatro de sus colaboradores, entre ellos dos exministros, después de que la Fiscalía del país solicitara su arresto. De momento, la expresidenta interina se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

En 11 meses, el gobierno de facto de Áñez incurrió en al menos 24 casos de corrupción e irregularidades, como la compra irregular de respiradores y gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, e irregularidades en las estatales YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otros. 

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